Ayer (martes 10), la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Apuestas Deportivas (CPI das Bets) publicó su informe final. El documento —que podría votarse esta semana, pero ya existen solicitudes para que la votación se realice la próxima— formula recomendaciones de proyectos de ley y busca procesar a influencers por delitos como fraude y malversación de fondos, en caso de que promocionen casas de apuestas deportivas sin autorización.
La senadora Soraya Thronicke, relatora de la CPI, solicitó 16 acusaciones. Entre ellas, contra las populares influencers Virginia Fonseca, acusada de publicidad engañosa y fraude, y Deolane Bezerra.
Deolane está acusada de ser socia silenciosa del operador ZeroUm, un operador sin licencia para operar en Brasil. Según la relatora, “Deolane aparece en varias publicaciones promocionando la empresa. Es improbable que, en tan poco tiempo tras fundar la empresa, simplemente dejara de ser una socia efectiva y se convirtiera en una simple figura publicitaria”.
La CPI también propone penalizar el amaño de partidos, crear una autoridad nacional que supervise el sector y una serie de medidas legislativas, fiscales, tecnológicas y educativas para contener los daños causados por la multimillonaria industria de las apuestas.
En este marco, Soraya también propuso prohibir los juegos online, afirmando que son “máquinas tragamonedas online” con características “exclusivamente dañinas”. A pesar de esto, la senadora defendió la existencia de operadores de apuestas deportivas, alegando que inyectan un gran volumen de inversión en el deporte brasileño.
Las empresas extranjeras podrían ser acusadas de fraude
Uno de los puntos principales fue el papel de empresas extranjeras que podrían haber frenado el fraude en Brasil y haberse beneficiado directamente de los resultados manipulados. Se reportaron intentos de seducir a atletas, sobornos y amenazas por parte de intermediarios que actuaban como fachada.
El informe propone la creación del Proyecto de Ley de Integridad Deportiva, que penaliza el amaño de partidos, exige programas de cumplimiento normativo en clubes y federaciones y establece un sistema nacional de monitoreo de las apuestas.
Responsabilizando a los influencers
La CPI dedicó un capítulo completo al papel de los influencers digitales, responsabilizándolos de popularizar un modelo de apuestas agresivo e irresponsable, ofreciendo bonos y prometiendo ganancias.
Según el informe, se identificaron contratos de afiliación que otorgaban una remuneración proporcional a las pérdidas de los seguidores, en un esquema calificado de “antipedagógico y perverso”. La CPI de Apuestas solicita al COAF y a la Hacienda Pública Federal que investiguen estos contratos.
Por otro lado, según la comisión, las plataformas de apuestas se han utilizado como instrumentos para el blanqueo de capitales, la evasión de divisas y la ocultación de activos. Se identificaron transacciones fraccionadas, uso de CPF de terceros, retiros de cuentas de beneficiarios de programas sociales y operaciones con criptomonedas sin trazabilidad.
El informe exige auditorías periódicas, el cruce de datos entre el Servicio de Impuestos Federales (SIF), el COAF y los operadores de apuestas, así como sanciones severas para quienes financien u oculten esquemas ilícitos a través de las plataformas de juego.
Asimismo, la CPI también señala la falta de transparencia en los algoritmos que definen las cuotas y promociones en las plataformas. Según el informe, muchos operadores utilizan sistemas automatizados sin certificación independiente, lo que dificulta que los apostadores comprendan el riesgo real.
La propuesta consistía en crear un protocolo técnico para la auditoría de algoritmos, con la supervisión de un organismo regulador y el derecho de los apostadores a una explicación clara de las reglas y probabilidades.
Falta de preparación de los clubes de fútbol
Durante las audiencias públicas, los clubes declararon no contar con departamentos de integridad y ni siquiera conocer los contratos firmados con las plataformas de apuestas, ya que muchos eran negociados por terceros. Representantes de la CBF y de la Asociación Nacional de Juegos de Azar (ANJ) no presentaron mecanismos efectivos para abordar las acusaciones de manipulación.
La CPI calificó la situación de “omisión institucional” y “falta de preparación estructural”, defendiendo la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Deportiva (ANIE), responsable de centralizar las quejas, supervisar los contratos e implementar políticas preventivas.
En este sentido, el informe sugiere severas restricciones a la publicidad de apuestas, incluyendo la prohibición de anuncios en horario de máxima audiencia en televisión abierta; vetos a los bonos de bienvenida y promociones engañosas; y la exigencia de verificar la edad y la capacidad financiera del apostador.
Además, la CPI de Apuestas propone la inclusión de contenido sobre el juego problemático y educación financiera en el currículo escolar. También apoya campañas nacionales de concienciación sobre los riesgos del juego, con el apoyo del SUS, ONG, plataformas digitales e influencers conscientes.
La CPI das Bets estará vigente hasta el 14 de junio. De ser aprobado, el informe se enviará a la Policía Federal o al Ministerio Público. A pesar de la presentación, se solicitó su revisión. Por lo tanto, el presidente de la CPI, el senador Dr. Hiran, declaró que solicitará que la votación se realice la semana siguiente.
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