El presidente de Ecuador Daniel Noboa ha enviado a la Corte Constitucional un proyecto para publicar cerca de 11 preguntas dentro de una Consulta Pública oficial en todo el país, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos respecto de varias modificaciones socioeconómicas, incluyendo una sobre la industria del juego y las apuestas.
La última pregunta de la consulta pública se enfocaría en la regulación del sector. Según establece el documento enviado por Noboa el pasado 2 de enero, la Corte Constitucional tiene 20 días para dar conocimiento de las preguntas.
Actualmente, en Ecuador se han prohibido desde 2011 los casinos y los salones de bingo en todo el país, aunque el juego online ha proliferado en un marco regulatorio gris, donde no se establece una prohibición explícita a la vez que se han sumado impuestos y normativas respecto a restricciones de marketing para las apuestas deportivas.
Ahora, desde el Ejecutivo se han planteado desestimar la prohibición y regular la industria en su totalidad, considerando la fuerte de empleos que significaría, en una economía que sigue una tendencia a la baja.
“¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?”, se lee en la propuesta de Noboa.
Además, desde el gobierno justificaron esta propuesta en la estimación de que permitir la operación de casinos y otras modalidades de juego es una “solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y en consecuencia, mitigar la inseguridad en zonas de peligrosidad”.
Dentro del texto, también el gobierno expresa que la prohibición “impactó negativamente en la generación de empleo, ya que después del año 2011 se perdieron 25.000 plazas, las cuales se encontraban establecidas en las 160 salas de juego a nivel nacional”. Sumado a esto, se considera que la industria “al ofrecer oportunidades laborales y contribuir a los ingresos fiscales, puede ayudar a contrarrestar la disparidad económica”.
Y aclara que “la autorización de casinos, salas de juegos, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar además se convierte en un mecanismo de lucha contra las actividades ilegales al desmantelar operaciones clandestinas, a través de la correcta regulación y control de esta actividad”.
El apoyo del Turismo
Esta movida legislativa ya está despertando el debate entre fuertes figuras del país, donde el sector turístico y el hotelero se manifestaron a favor de recuperar las plazas de empleo, a la vez que buscarán generar nuevas inversiones para incentivar el desarrollo del mercado.
Incluso, según compartió Holbach Muñeton, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), evaluarán “la creación de un hub internacional de aerolíneas como lo tienen Perú y Panamá”.
Y declaró: “Lo vemos con optimismo, como un respaldo, un apoyo a la industria turística. Los ecuatorianos deben comprender que esto no solo beneficia al turismo, beneficia al país, al camarón, a la pesca, a la industria, al comercio”.
En este sentido, enfatizó en que “habiendo una buena infraestructura en el país y trabajando de una manera ordenada con una experiencia ganada, claro tenemos un tiempo perdido, se van a dar cuenta cuánto esto (el cierre de los casinos) perjudicó al Ecuador”.
De acuerdo a cálculos de la Fenacaptur, desde la prohibición en 2011, se ha perdido la capacidad de recibir a más de 400.000 turistas por año, “por la falta de estos atractivos”, junto con la pérdida de 12.000 empleos en los hoteles.
La situación del juego en Ecuador
El 7 de mayo de 2011, el entonces presidente de la república Rafael Correa lanzó una consulta pública similar, que apuntaba a conocer la opinión de los ciudadanos respecto de una posible prohibición del juego. En ese momento, se celebró la noticia al considerar que esto crearía un “ambiente más sano” en todo Ecuador.
Luego de varios debates, se decidió avanzar con la prohibición y la instalación de estos centros de entretenimiento quedó tipificado como un delito bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lanzado en octubre de 2013.
