El Gobierno español modificará la Ley del Juego para regular las loot boxes

Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego (DGOJ), ha confirmado que el Gobierno modificará la Ley del Juego para incluir las loot boxes como juegos de azar. El director informó la medida ayer (martes 17) en el Congreso, y dijo que abrirán el período de consulta pública antes de que finalice en año, con el objetivo de que entre en vigor en el segundo semestre de 2021.

Ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, Arana confirmó que convocarán al Consejo Asesor del Juego Responsable para que revise y modifique la Ley vigente y que reclasifique a las loot boxes como juegos de azar.

El Gobierno apunta a limitar las “transacciones compulsivas e impulsivas” que generan algunos videojuegos, específicamente entre menores. Esta medida acompañaría al Real Decreto del Ministerio de Consumo, aunque, a pesar de incluir otras previsiones, se enfocaría en el juego responsable mediante su propio decreto.

Durante el período de consulta se redactará el lenguaje definitivo de la Ley, que entraría en vigor a mediados de 2021. Asimismo, a través de las devoluciones en la consulta, se desarrollará un programa de trabajo para abordar el juego responsable y se redactará una orden ministerial que reúna las 14 existentes que reglamentan el juego en España.

Por otra parte, Arana resaltó la importancia del Real Decreto, ya que, según datos de Consumo, en los primeros días de confinamiento el juego online creció en un 44 por ciento respecto a 2019, mientras que las altas diarias pasaron de 887 a 1289, “a pesar de la suspensión de las ligas deportivas”.

Y agregó: “Como consecuencia de la prohibición de la publicidad [de las casas de apuestas], cuatro de cada 10 jóvenes que se incorporaban al juego online no lo hicieron”.

Por su parte, el diputado Carmelo Romero le pidió al Ministerio que dé lugar a una comunicación más fluida con el sector del juego ya que “el juego per se no es malo”, aunque lamenta que el sector crea que el Ejecutivo pretende “demonizarlos”.