Con 146 votos a favor y 113 abstenciones, el Senado de España ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley del Juego que formaliza el instrumento técnico del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma) con rango de ley y que añade un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para compartir a nivel nacional la lista de autoexcluidos.
Así, la actualización de la regulación “refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas y amplía la protección de los jugadores en riesgo”.
En cuanto a Sigma, se trata de una normativa que permitirá a la Policía y Cuerpos de Seguridad del Estado ser “cesionarios de los datos personales que les sean facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)”.
Estos datos, guardados por un plazo máximo de un año, registrarán a “personas que puedan haber incurrido en algún tipo de comportamiento o posible fraude vinculados a la competición”.
Además de las fuerzas de Seguridad, se podrán inscribir a este registro todas las entidades interesadas en erradicar el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas, como el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores del juego.
La actualización de la ley también contempla nuevas normativas publicitarias, que acompañan el Real Decreto de Comunicaciones que ha limitado las estrategias de marketing para el sector privado del juego desde agosto del año pasado.
Según lo aprobado esta semana, quedarán prohibidas las publicidades que “inciten a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo”, que “inciten a actitudes o comportamientos humillantes, denigratorios o vejatorios y las que relacionen de forma positiva o atractiva las actividades de juego con actividades o conductas ilícitas o perjudiciales para la salud público”, que “den lugar a daños económicos, sociales o emocionales, desacrediten a las personas que no juegan u otorguen una superioridad social a aquellas que juegan”, y que “presenten el juego como indispensable, prioritario o importante en la vida”.
En paralelo, la nueva regulación añade la posibilidad de que el Gobierno establezca directrices en el ámbito digital “para el uso más seguro y responsable de los activos digitales no fungibles, es decir las cajas botín o mecánicas de monetización de los usuarios de videojuegos”, según informó Deia.
España, en constante refuerzo de su regulación
De acuerdo a la propuesta del Ministerio de Consumo, nuevas regulaciones son necesarias en la industria. Con la introducción de estas medidas, se busca proteger a los consumidores, principalmente a los jóvenes y a los jugadores en riesgo, a través de disposiciones que obligan a los operadores a implementar y reforzar herramientas para rastrear y monitorear el comportamiento. De esta forma, se completan las disposiciones sobre juego responsable que ya habían sido introducidas en el Real Decreto de 2020.
Los sitios online y las aplicaciones móviles deberán incluir un link con información sobre juego seguro en sus inicios o en partes relevantes, que mostrarán datos establecidos por el regulador local. Además, los operadores deberán garantizar un servicio telefónico para asistir a los jugadores e informarles sobre juego seguro, tanto en español como en otros idiomas cooficiales.
Al jugar juegos que entren en la categoría de licencia “Otros juegos”, los jugadores deberán establecer un tiempo máximo de sesión y una cantidad máxima de dinero que desean gastar. Esto deberán fijarlo cada vez que inicien sesión o accedan a un juego de aquella categoría, mientras que no podrán cambiarlos dentro de las mismas 24 horas.
Por su parte, los juegos de apuestas también seguirán esas reglas, y los jugadores que alcancen esos niveles y cierren sesión, no podrán volver a iniciarla y reiniciar la cantidad máxima.
Asimismo, los operadores deberán enviarles mensajes a los jugadores cada 30 minutos para compartirles información sobre sus sesiones, cuánto dinero llevan gastado, sus pérdidas y más. Otra de las disposiciones determina que tampoco podrán mostrar mensajes que incentiven un comportamiento compulsivo, como “casi acertaste” o “estuviste cerca”.
En cuanto a los “jugadores intensivos”, una vez que los operadores identifiquen un comportamiento riesgoso se verán obligados a enviarles un mensaje dentro de las siguientes 24 horas via email u otros medios para informarles sobre sus actividades.
Este grupo de jugadores, junto a los jóvenes, no podrán recibir bonos ni ofertas promocionales, mientras que aquellos que se consideren de riesgo, tampoco podrán usar tarjetas de crédito para apostar.
Otra consideración importante que se agrega a Real Decreto 1613/2011, del que se desprende la regulación del juego, es que los jugadores que hayan abierto una cuenta con dominio español no podrán acceder a la misma fuera de España.
