Este martes (19 de abril), el Senado de Brasil aprobó la creación del Frente Parlamentario por un Brasil Sin Juegos de Azar, lo que generó preocupación en la industria. La creación del grupo, como explicaron, es “promover debates y adoptar iniciativas que desalienten el juego y combatan sus consecuencias nocivas para la sociedad”.
Inmediatamente después de la aprobación, el senador Eduardo Girão compartió a la prensa que “la mayoría del Senado está en contra de la proposición que autoriza los juegos de azar en Brasil (PL 442/1991)”.
Según añadió Games Magazine Brasil, el senador hizo énfasis en el “horror que hay detrás” de la industria. “Es un lobby muy poderoso que destruye vidas y familias enteras”, había dicho.
Asimismo, desde el nuevo frente aseguraron que la regulación tiene chances de ser aprobada, pero el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ya anunció que lo vetará. Sin embargo, desde el Senado no se llegarían a los votos suficientes para poder revocar el veto, tal como se esperaba.
“La legalización del juego resultará en costos para la sociedad mucho mayores que cualquier beneficio. Los argumentos de quienes defienden el juego destacan solo el lado positivo y no tienen en cuenta los efectos negativos”, argumentó Girão.
La regulación completa del juego y las apuestas es uno de los debates más esperados por la industria internacional, que había celebrado la aprobación histórica del proyecto Proyecto de Ley 442/91 en la Cámara de Diputados el pasado 24 de febrero.
Los diputados en favor a la regulación dejaron en claro en todo momento que el juego en Brasil ya existe, y que estos proyectos solamente ponen en lugar las provisiones necesarias para que el Estado se beneficie y pueda establecer medidas de protección para los jugadores.
“El objetivo es prevenir y proteger a los jugadores”, dijo Felipe Carreras, relator del proyecto. Y agregó: “La regulación permitirá aumentar la recaudación de impuestos mediante la explotación de juegos y apuestas, y asegurará mayores recursos para la implementación y desarrollo de políticas públicas sociales de los estados y municipios, lo que refuerza nuestro federalismo fiscal”.
