JCJ de Panamá: “En un mes abriremos la licitación para elegir a un socio que colabore con el bloqueo de sitios ilegales”

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El interés por captar cuota del mercado latinoamericano no debería estar puesto únicamente en los países más obvios, como Brasil, Colombia, Perú o Argentina, ya que cada vez más jurisdicciones pequeñas demuestran sus avances regulatorios. 

Al permitir a las marcas regionales y globales establecer sus nombres como parte oficial de la industria regulada, países como Panamá se convierten en focos de atención para compañías que estén en la búsqueda de desarrollarse en Latinoamérica.

Hace aproximadamente 10 meses entró en total operación la primera plataforma autorizada de juego online en Panamá, y ya son cuatro los sitios que tienen permiso para ofrecer este tipo de entretenimiento en el país, bajo contratos con la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Durante la última edición de GAT Expo, los días 29 y 30 de marzo en Cartagena de Indias, SBC Noticias se reunió con Manuel Sánchez, secretario ejecutivo de la JCJ, para conocer más sobre el fortalecimiento del sector del juego online en Panamá gracias al desarrollo comercial de las marcas con licencia.

En principio, Sánchez celebró que la cifra de apuestas online ha crecido a 28 millones de dólares en el transcurso de los anteriores meses. Actualmente, los fondos provenientes del sector aportan al fisco panameño alrededor de 6 a 8 millones de dólares mensuales. “La industria de juegos de azar contribuye enormemente a la economía nacional”, subrayó.

Al comentar sobre esto, el secretario ejecutivo se refirió a “los momentos más difíciles del país”, entre 2020 y 2021, cuando la economía quedó fuertemente paralizada por las restricciones de la pandemia y el sector del juego fue reconocido “con orgullo” por el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, “y por la sociedad panameña” luego de que donara más de 1 millón de dólares en vacunas.

“Todos los operadores del país se unieron y aportaron este monto para contribuir con la situación sanitaria. No lo hizo ninguna otra industria, solo la del juego, lo que nos llenó de orgullo. Sumado a que, mensualmente, el dinero proveniente del sector va destinado a obras sociales”, comentó.

Si bien este aporte a las arcas del Estado es uno de los mayores argumentos que esbozan los defensores de la industria en Latinoamérica para regular la actividad, todavía no se había previsto la importancia de establecer un marco normativo aprobado de juego online justo antes de que estallara la crisis mundial del Covid-19.

“Nosotros tuvimos la gran ventaja de que habíamos regulado el juego online un tiempito antes de la pandemia, por lo que fuimos uno de los pocos rubros del Estado panameño que siguió generando ingresos en impuestos. En Panamá, por más de un año, muchas industrias dejaron de pagar impuestos al no recibir ingresos, pero el país no dejó de recaudar lo proveniente de la industria del juego online”, explicó Sánchez.

Y destacó que estos ejemplos han ayudado al desarrollo regulatorio del juego en el resto de Latinoamérica, por lo que nuevamente, “queda demostrada la necesidad de colaborar entre todos los reguladores regionales para impulsar un crecimiento transparente y fiscalizado” de la actividad.

El secretario ejecutivo de la JCJ señaló el caso de Panamá como una muestra de esta colaboración, ya que el país se ha basado en requisitos regulatorios exitosos, como los de Colombia, para elaborar su legislación, mientras que actualmente trabajan con las nuevas autoridades de Coljuegos (su par colombiano) en estrategias de bloqueo de sitios internacionales ilegales. 

“Panamá acaba de empezar con el juego online y por eso es importante que países más avanzados nos ayuden a fortalecernos. El siguiente pasó será bloquear a las más de 2 mil páginas que están funcionando sin licencia en el país”, aseguró el funcionario.

Asimismo, funcionarios de la JCJ enfocados en el juego responsable han realizado una serie de entrenamientos con la Lotería de Córdoba, en Argentina, para ampliar sus herramientas en la materia y en cuanto al combate del juego ilegal.

Según compartió Sánchez, la JCJ estima que el Estado panameño ha dejado de percibir “entre 15 y 20 millones de dólares al año en impuestos por sitios que operan de forma ilegal”. Y dio el caso de “una plataforma muy reconocida a nivel mundial” que opera sus ofertas en el país, pese a no tener permiso de la JCJ, y que “hemos sabido que ha movido en tarjetas de crédito arriba de 90 millones de dólares en apuestas en 2022”. 

“De ahí, el estado panameño perdió aproximadamente 9 millones de dólares, lo que correspondería por el impuesto acordado en la regulación de 2020”, dijo.

Con esto en mente, uno de los principales objetivos de la autoridad del juego nacional es terminar con las ofertas ilegales, por lo que ya están preparando una licitación para asociarse con una empresa de tecnología que logre bloquear los miles de sitios de juegos y apuestas a los que el público panameño tiene acceso ahora. “En un mes abriremos la licitación para elegir a un socio que colabore con el bloqueo de sitios ilegales”, reveló.

La JCJ juega limpio

La estrategia de bloquear a los operadores sin licencia va en línea con una política más abarcativa de juego responsable que orienta los objetivos de la JCJ en este mandato. 

“Esta es la primera administración que se preocupó por el jugador compulsivo. Creamos el slogan ‘jugar responsablemente también es parte del juego’ y establecimos varias políticas de prevención y atención del juego problemático”, afirmó Sánchez.

Una de las políticas fue la creación de la Oficina de Juego Responsable de la JCJ, que se encarga directamente de recibir a aquellos ciudadanos que detecten conductas problemáticas respecto de su participación en el juego y las apuestas.

“Les damos seguimiento gratuito, trabajamos con los operadores y tenemos permanentemente un grupo de trabajo que viaja por todo el país, sala por sala, con tareas de educación, prevención y tratamiento para todos los casos”, describió.

Además, el regulador está llevando cabo un proyecto para construir dos clínicas estatales de juego responsable, dedicadas únicamente a los jugadores compulsivos, “con psiquiatras, psicólogos, grupos de trabajo y charlas permanentes”. 

“Y esto lo van a pagar los operadores: Llegamos a un convenio para que financien la prueba piloto y lancemos estos centros. El primero será en San Miguelito y más adelante iremos a otras provincias”, señaló el secretario ejecutivo.

La contribución y el trabajo conjunto entre el regulador y el sector privado del juego y las apuestas se basa en la regulación vigente, “que fue realizada para atraer al inversionista, no para espantarlo”. Como sostuvo Sánchez, el atractivo principal es el “derecho de llave muy bajo”.

Para obtener la licencia, las empresas deben abonar 50 mil dólares al Estado panameño y presentar una serie de requisitos “sencillos y accesibles”, como la experiencia previa, los datos de cuentas bancarias y la fianza para garantizar los premios.

Otro sector beneficiado por la regulación del juego online en el país centroamericano fue el del deporte, que ha visto un aumento en sus ingresos gracias a los patrocinios alcanzados con casas de apuestas deportivas, como el caso de la Selección de fútbol de Panamá, que tiene como principal sponsor al operador Betcha.

Por el momento, estos acuerdos no están abordados en la regulación, pero según Sánchez, “confiamos en la industria deportiva de Panamá para seguir los estándares morales que planteamos respecto de la industria del juego”.

“En el país, ningún equipo de fútbol y ningún medio televisivo van a aceptar un patrocinio o una pauta publicitaria de operadores o empresas de juegos y apuestas que no muestren sus contratos firmados con la Junta de Control de Juegos”, aseguró. 

Y continuó: “Lo vimos como ejemplo con la Corporación Medcom, el grupo empresarial de medios, que cada vez que llega alguien a hacer promoción de sitios de juegos, casinos, apuestas, nos mandan el contrato a la JCJ para verificar que sea real. Difundimos entre todas las partes interesadas no promover el juego ilegal y establecimos una multa de mil a 100 mil dólares en caso de que se difunda información sobre sitios ilegales”.

Ahora que no solo se retomó la normalidad dentro de los horarios de las salas presenciales de juego, sino que se sumó la oferta online, la industria está activa en un 98 por ciento con respecto a lo experimentado antes de la pandemia.

“El juego es una actividad regulada que impulsa la economía, y este impulso surge también de los patrocinios, los influencers y los medios. Nos atrevimos, lo hicimos y está resultando”, finalizó Sánchez.