La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una serie de artículos del proyecto de ley para regular el juego online en Chile. A partir del progreso en los segmentos de su competencia, la iniciativa avanza hacia el pleno de Diputados.
El cuerpo legislativo analizó cuestiones relativas a gravámenes e impuestos a pagar por los futuros operadores. Eso incluye un nuevo impuesto de 1 por ciento por juego responsable que gravará también a los casinos físicos; las modificaciones al Consejo Resolutivo; las normas de payout y el régimen tributario del sistema de pronósticos deportivos y los artículos transitorios como la entrada en vigencia, sistema extraordinario de declaración de impuestos e imputación de gasto, entre otros.
De acuerdo con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, la ley debe solucionar las dificultades del organismo para atacar a las operaciones no autorizadas en el país: “Dadas las dificultades para la exclusión absoluta de los operadores ilegales, el diseño regulatorio contempla tanto incentivos a la formalización como disuasivos a la ilegalidad”, dijo.
Según explicó Hacienda en un comunicado, “se optó por aprovechar la institucionalidad de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) para dotarla de nuevas facultades y perfeccionar las existentes, por lo que se transformará en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar”.
Las plataformas de juego online en Chile deberán abonar el impuesto a la renta y el IVA. Además, estarán sujetas a un impuesto específico correctivo de 20 por ciento sobre los ingresos brutos.
Por otro lado, se gravará con un 2 por ciento a las apuestas deportivas para que el Instituto Nacional del Deporte (IND) distribuirá en partes iguales entre las federaciones, el Comité Olímpico y el Comité Paraolímpico.
Además, se eliminó la restricción de retorno de premios a los usuarios (que oscila entre 45 y 55 por ciento) de La Polla Chilena de Beneficencia en pos de “permitirle competir en mejores condiciones”. Asimismo, la carga tributaria se rebaja del 27 al 22 por ciento.
Uno de los puntos más álgidos del proyecto es el período conocido como cooling off, que fue ratificado por la comisión. Implica que aquellas plataformas que hayan operado en forma “ilegal” durante los 12 meses previos a la entrada en vigor de la Ley, deberán esperar otros 12 meses para aplicar para una licencia en el país.
Pese al amplio rechazo de la industria a esta iniciativa, desde Hacienda justificaron la propuesta, alegando que “demostró ser exitosa en la regulación del mercado holandés”.
Una vez que se cumpla ese período de cooling off, los operadores deberán, además, pagar un impuesto único y sustitutivo.
Hacienda explicó que establece, para ello, un sistema extraordinario de declaración de intereses, primas, comisiones o cualquiera otra forma de remuneración por servicios no declarados y captación de usuarios.
El impuesto se determina por dos componentes: uno de servicios no declarados. Las empresas deberán declarar los ingresos brutos (monto total de las apuestas en línea realizadas por los usuarios, menos los premios entregados) obtenidos dentro del territorio nacional o atribuibles a su actividad en el país durante los últimos 36 meses. En caso de que hubieran operado por un plazo continuo o discontinuo inferior al señalado, deberán acreditarlo ante el Servicio de Impuestos Internos. Los ingresos brutos así determinados se sujetarán a un impuesto de 31 por ciento.
El otro componente es por captación de usuarios equivalente al 0,07 de una UTM por cada una de las cuentas de apuestas que hayan registrado movimientos en los 36 meses previos a la vigencia de la ley.
