El secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (CUOASEC), Luis Gama, sostuvo que Uruguay se enfrenta a una decisión que ya no admite más demoras y reclamó la construcción de un marco regulatorio moderno y coherente para la industria del juego.
En una columna de opinión publicada en el medio uruguayo La Diaria, el dirigente aseguró que el objetivo no es expandir la actividad sin límites, sino ordenar un mercado que ya existe y fortalecer la capacidad de control del Estado.
Según Gama, la transformación tecnológica y la expansión de las plataformas digitales han modificado profundamente los hábitos de los jugadores, mientras que la regulación uruguaya continúa apoyándose en normas concebidas para una realidad diferente. A su juicio, esta situación ha provocado una presencia insuficiente del Estado en determinadas modalidades de juego y ha facilitado el crecimiento de la oferta no autorizada.
“El Estado se encuentra virtualmente ausente o con una presencia limitada, sin herramientas normativas ni operativas adecuadas para intervenir de manera eficaz”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que la falta de regulación no elimina la actividad, sino que favorece su desplazamiento hacia mercados informales, donde no existen mecanismos de protección para los usuarios ni políticas de juego responsable. “Esta ausencia regulatoria no reduce la práctica del juego, por el contrario, impulsa su desplazamiento hacia la ilegalidad”, señaló.
Una regulación del juego para recuperar espacios perdidos
El representante de Cuoasec consideró que la regulación de los juegos online y de los tragamonedas barriales es una herramienta indispensable para que el Estado recupere segmentos que actualmente están en manos de operadores no autorizados. De acuerdo con Gama, la insuficiencia de una oferta legal competitiva ha permitido que estas modalidades se desarrollen por fuera del sistema fiscalizado.
En ese marco, remarcó que la elaboración de una nueva legislación requiere la participación de todos los actores involucrados. “Legislar no es un acto neutro: toda decisión normativa tiene consecuencias económicas, sociales y operativas que no deben perderse de vista”, expresó.
Asimismo, sostuvo que una normativa diseñada sin tener en cuenta la realidad del mercado podría terminar generando efectos contraproducentes. “Legislar mal o legislar ignorando la realidad del mercado, sería un error con consecuencias difíciles de revertir”, advirtió.
Gama destacó que las empresas formales cumplen con exigencias fiscales, laborales y técnicas, además de desarrollar programas de juego responsable y prevención del lavado de activos. Por ello, consideró que alterar el equilibrio actual sin criterios técnicos podría incluso ampliar el terreno ocupado por el juego ilegal.
El peso del sector del juego
El secretario ejecutivo de Cuoasec también resaltó la relevancia económica de la industria formal. Según indicó, las empresas nucleadas en la cámara han invertido más de 600 millones de dólares y generan cerca de 20.000 empleos directos e indirectos. Además, recordó que actividades relacionadas como el turf involucran a unas 50.000 familias.
Para Gama, estos datos reflejan que el sector puede ser parte de la solución, siempre que exista un marco normativo estable y previsible. En esa línea, señaló que mantener esquemas regulatorios fragmentados equivale a aceptar la ausencia del Estado en áreas clave de la actividad.
El dirigente también enfatizó que Uruguay debe observar las experiencias internacionales y regionales, donde los mercados regulados han logrado reducir la oferta ilegal y aumentar la recaudación fiscal.
“Seguir postergando decisiones implica perder competitividad y resignar capacidad de control”, advirtió.
