El debate sobre la regulación del juego online en Chile sumó un nuevo actor con la creación de la Agrupación iGaming Responsable (AGR), una entidad integrada por operadores del sector que busca impulsar la aprobación de un marco normativo para la industria. En ese contexto, el nuevo gremio destacó el potencial económico de un mercado regulado y estimó que podría alcanzar un valor de 1.445 millones de dólares hacia 2030.
La conformación de la AGR se produce en un momento en el que Chile continúa sin una regulación específica para el juego online. Aunque el proyecto de ley que crea un sistema de licencias para los operadores y busca combatir la oferta ilegal fue aprobado en términos generales en agosto de 2025, la iniciativa aún permanece en el Senado, donde deberá continuar su segundo trámite constitucional antes de ser debatida en sala.
Según la AGR, la implementación de un sistema de licencias no solo favorecería el crecimiento del mercado, sino que también fortalecería la protección de los jugadores, incrementaría la recaudación fiscal y contribuiría a combatir la oferta ilegal.
La agrupación está integrada por Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet, y su lanzamiento coincide con un momento clave para el futuro regulatorio del país, en medio de los pedidos de distintos actores de la industria para acelerar el tratamiento del proyecto de ley.
Chile: La Agrupación iGaming Responsable busca impulsar la regulación del sector
Sandra Kemp, directora ejecutiva de la AGR, afirmó mediante un comunicado oficial que el juego online ya forma parte de la realidad chilena y remarcó que la ausencia de regulación no elimina la actividad, sino que favorece el crecimiento de operadores fuera del alcance de las autoridades.
En ese sentido, explicó que la AGR buscará trabajar junto con otras organizaciones del sector, como AgruGaming y la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), para aportar al debate y colaborar en la construcción de un marco normativo que permita desarrollar una industria regulada, competitiva y sostenible.
Kemp, quien se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entre 2021 y 2023, aseguró que el principal desafío es “asegurar que la industria opere bajo un marco regulatorio claro (…) que contribuya a los ingresos públicos a través de impuestos, que cree oportunidades de empleo e impulse el desarrollo del deporte en Chile”.
En línea con ese objetivo, la AGR presentó proyecciones elaboradas por la consultora H2 Gambling Capital, según las cuales el mercado chileno de apuestas online podría generar ingresos brutos cercanos a los 625 millones de dólares en un escenario regulado. Asimismo, estimó que esa cifra podría crecer hasta los 1.445 millones de dólares hacia 2030, consolidando a Chile como uno de los mercados con mayor potencial de América Latina.
SII de Chile anuncia la inscripción de 25 plataformas de juego online al IVA Digital
Más allá de las proyecciones presentadas por la AGR, el escenario regulatorio chileno registró otro avance relevante este año. En junio, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció, mediante la Resolución Exenta N°69, que las plataformas extranjeras de apuestas online que operen en el país deberán inscribirse en un registro especial y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, incluido el pago del IVA Digital.
En un primer momento ninguna empresa se había registrado, por lo que el organismo anunció que iniciaría un proceso de fiscalización sobre los operadores que incumplieran la medida. Tras ese anuncio, las plataformas comenzaron a adherirse al régimen y, hasta el momento, el SII informó que ya son 25 las empresas inscriptas, entre ellas Betano y Betsala, dos de los operadores que también integran la Agrupación IGaming Responsable.
Sin embargo, la medida generó cuestionamientos desde algunos sectores de la industria. La Asociación Chilena de Casinos de Juegos, fue una de ellas. Y su presidenta Cecilia Valdéz, se mostró en contra de la medida: “Las plataformas de apuestas llevan años publicitándose en canales de televisión, redes sociales y medios de prensa, lo que ya había instalado la percepción de que su operación es legal. La resolución del SII profundizaría esa confusión”.
