La nueva ley que regulará al sector del juego y las apuestas en Castilla y León está pronta a llegar al Parlamento autonómico, luego de concretarse el período de exposición pública del anteproyecto.
Las Cortes pronto tendrán en sus manos la propuesta que, según las autoridades, ha tenido el consenso de todas las partes involucradas: la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León (integrada por casinos, salas de bingo, salones de juego y máquinas), UGT y CCOO, cuatro consejerías de la Junta (Presidencia, Familia, Educación y Sanidad), Delegación del Gobierno, Federación Regional de Municipios y Provincias, consumidores y usuarios, además de representantes de jugadores de azar rehabilitados.
“El anteproyecto había sido consensuado previamente con todos los afectados y los miembros de la Mesa del Juego Responsable, por eso casi no ha habido alegaciones. Esto nos hace pensar que ya terminado el plazo se va a pasar por los servicios jurídicos, para enviarlo posteriormente al CES y al Consejo Consultivo, y en cuanto nos den el visto bueno lo lanzamos a las Cortes”, detalló la directora general de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, Irene Muñoz, según citó El Día de Segovia.
Según explicó la funcionaria, las autoridades pretenden que a fin de año se pueda llevar la normativa a acuerdo del Consejo de Gobierno. Además, detalló que el proceso avanza rápidamente ya que ha habido ciertas observaciones, más que las típicas alegaciones que dilatan el tratamiento de las leyes.
“Todas las partes coincidían en que no somos tan estrictos como otras comunidades que lo tienen recurrido judicialmente, pero conseguimos con esto elevar la distancia y alejarse un poco de los centros escolares. Esta ley va en el sentido de las modificaciones que están haciendo en otras autonomías”, destacó Muñoz.
Por otro lado, destacó la posibilidad de potenciar la seguridad jurídica de Castilla y León, al mismo tiempo que “garantiza un uso más responsable del juego”.
La nueva ley establece medidas para proteger al público vulnerable, como menores de edad y jugadores patológicos. Por eso, estipula una distancia mínima de 150 metros entre salones de juego y establecimientos educativos, y de 300 metros entre cada uno de ellos.
