El Consejo Consultivo de la Lotería Nacional de Republica Dominicana manifestó su respaldo al anteproyecto de la nueva Ley de Juegos remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, destacando su importancia para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sector de los juegos de azar en el país.
En una comunicación oficial dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el organismo expresó su beneplácito con la propuesta legislativa que plantea la creación de la Dirección General de Juegos de Azar como nuevo órgano regulador.
“El objetivo fundamental de esta iniciativa es crear mejores controles sobre el juego, brindando a la sociedad un verdadero instrumento de control, seguridad, transparencia y con el poder suficiente para establecer sanciones contra posibles violaciones”, señala la carta y firmada por todos los miembros del Consejo Consultivo.
El consejo destacó que desde su creación ha coincidido con los esfuerzos del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para establecer mecanismos institucionales que aseguren mayor control en los juegos de azar, al tiempo que reiteró el llamado a los legisladores a tomar con la debida seriedad esta propuesta que busca beneficiar a la sociedad en su conjunto.
República Dominicana presenta una nueva Ley de Juegos
En un nuevo intento por ordenar la industria del juego en República Dominicana, el Gobierno presentó un proyecto de ley que, si bien apunta a la regulación del sector, pone el foco casi exclusivamente en la recaudación fiscal.
La propuesta crea una nueva Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, que se enfocará en el registro, control, fiscalización y otorgamiento de licencias, abarcando desde bancas deportivas y casinos hasta apuestas online, tragamonedas, rifas y loterías electrónicas.
En el texto, el Estado establece impuestos específicos para cada modalidad. Las bancas deportivas deberán abonar más de 794 mil pesos dominicanos para habilitar sus operaciones, además de un tributo anual que ronda los 386 mil en zonas urbanas y un 1 por ciento adicional sobre las ventas brutas.
Las plataformas online, por su parte, enfrentarán impuestos del 10 por ciento sobre sus ingresos, o bien una tarifa mensual fija de cinco millones de pesos, mientras se desarrolla una infraestructura tecnológica que permita fiscalizar con mayor precisión. En el caso de los casinos, se establecen montos que varían según la cantidad de mesas y tragamonedas, con cifras que abarcan entre los 14 mil y los 85 mil pesos por dispositivo o mesa de juego.
Pese al intento de actualizar el marco normativo, el proyecto no incluye políticas públicas orientadas a la prevención del juego problemático ni mecanismos concretos de protección al jugador. A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde la regulación del juego avanza de la mano de programas de autoexclusión, límites de depósito, campañas de concientización o fondos específicos para tratamientos, la propuesta en República Dominicana se limita a establecer advertencias genéricas sobre los riesgos del juego compulsivo y a prohibir el acceso de menores a las plataformas, sin profundizar en cómo garantizarlo. Así, la salud pública queda desplazada frente al interés por formalizar la actividad y asegurar una recaudación estable para el Estado.
