La Comunidad de Madrid ha establecido recientemente un nuevo sistema de control físico de acceso. Como parte de aquella iniciativa, las autoridades ya han inspeccionado 204 locales de apuestas en una primera fase para verificar que estén cumpliendo las regulaciones.
El Plan de Inspecciones busca controlar que los 685 locales en Madrid cumplan con la normativa que le prohiba la entrada a menores de edad y personas autoexcluidas. Este control exige que las personas que desean acceder deban presentar un documento de identificación. En el caso de que una persona autoexcluida o un menor intentara ingresar, un aviso con sonido y luces alarmaría al ordenador de la entrada para que un operario del local le impida la entrada.
Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, le comunicó a la Asamblea que desde el 18 de enero la Comunidad ha logrado revisar casi un tercio de todos sus locales. La verificación de los 164 salones y 40 sitios de apuestas resultó en la identificación de 843 usuarios, pero ninguno menor de edad o con acceso restringido.
Según López, el gobierno está al frente de una medida encaminada para “proteger a los menores y colectivos vulnerables, mientras se mantienen las libertades y se da seguridad jurídica a una actividad legal, como es el juego”.
Además, el consejero dijo que es leal al gobierno y por ende es obligación de todos “desterrar cualquier enfrentamiento y manipulación política por tratarse de un asunto que afecta a la salud pública y a derechos fundamentales”.
La segunda fase del proceso de inspección tendrá lugar en abril, donde las autoridades harán visitas selectivas en donde se podrá revisar infracciones detectadas en la primera fase. En junio controlarán a aquellos locales que hayan presentado varias infracciones en las pasadas inspecciones.
Asimismo, Madrid también ha sido parte de otras decisiones que competen a las casas de apuestas. En noviembre, decidió no conceder nuevas licencias, y en los 17 días que tardó la moratoria en aplicarse, Madrid recibió 121 solicitudes de licencias para operar locales. El Poder Ejecutivo busca “mejorar la normativa que afecta al sector del juego, una actividad legal y regulada que puede generar problemas de salud pública”.