Mendoza prepara la licitación de las slots del Casino Central por los próximos 10 años

Con el vencimiento del contrato actual entre la provincia argentina de Mendoza y la compañía Mendoza Central Entretenimientos, el Gobierno anunció que prepara la licitación para determinar al operador de la sala de slots del Casino Central por los próximos diez años. 

La sala ha generado controversias en la última década en el país, ya que las autoridades mendocinas aumentaron el canon de ganancia de la empresa del 27 al 47 por ciento, aunque luego se graduó un poco el porcentaje, mientras que todos los gastos quedaron a cargo del Estado.

Por esta razón, a pesar de que es uno de los casinos más populares de Mendoza, las tragamonedas terminaron por generar pérdidas para la provincia, como informó Mendoza Online.

La nueva licitación se suma al proceso ya iniciado para los casinos estatales de la Zona Este. Sobre esto, Martin Cain, secretario general de la Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza (UPJCM) emitió un comunicado en el que alertó la “gran preocupación” alrededor de las ganancias pretendidas por los participantes.

Si bien el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) había rechazado el pedido para que los trabajadores participen y fiscalicen el proceso de licitación, la UPJCM hizo eco de las tres ofertas presentadas. En el caso de Desarrollos Maipú S.A., se solicitó un canon de 54,75 por ciento, Traylon S.A. pidió uno de 77,17 por ciento y Fuente Mayor, uno de 68 por ciento con un hotel y un 62 por ciento sin la construcción.

“Resultan muy llamativas y a nuestro entender excesivas las ofertas presentadas, en especial lo relacionado a los porcentajes requeridos y a los plazos de la concesión, más aun si los comparamos con las condiciones originales de la licitación y vigentes al día de la fecha, que son 49 por ciento de participación privada y un plazo de 10 años en la concesión”, dijo Cain, en representación a la Unión y los empleados del IPJyC.

Asimismo, dijo que el canon actual es “bastante inferior” a los ofrecidos en el proceso, a pesar de que el plazo inicial de la concesión haya sido por 10 años y que el actual se duplique a 20. En consecuencia, los cálculos del sector económico de la organización estiman que por la primera oferta el Estado dejaría de percibir 60 millones de pesos anuales, por la segunda, 338 millones, y por la tercera, 228 millones.

“Exigimos que se evite que a través de los excesivos cánones ofrecidos se financien obras privadas que quedarán en poder de los operadores, perjudicando notoriamente las arcas estatales”, agregó.