Luego de que el mercado de juegos y apuestas de México atravesara una fuerte investigación por presuntas ilegalidades, uno de los empresarios afectados, Ricardo Salinas Pliego, consiguió que la justicia le devolviera el control de sus plataformas de apuestas, aunque todavía se esperan fuertes represalias.
Días atrás, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa habilitó de manera provisional la reactivación de Ganador Azteca y ordenó a NIC México levantar el bloqueo que mantenía fuera de línea a bet365.mx y betano.mx, ambos operados por TV Azteca.
Sin embargo, las finanzas de la empresa permanecen inmovilizadas. Apenas un día antes, la jueza Luz María Flores Alva se negó a descongelar las cuentas bancarias del grupo, manteniendo su operación activa pero sin libertad de transacciones.
Desde el punto de vista jurídico, la resolución del juez pretende que la suspensión se conceda exclusivamente para frenar los efectos de la orden administrativa que había deshabilitado los dominios. Pero los fondos siguen retenidos por sospechas de lavado de dinero, lo que ubica a Ganador Azteca dentro del conflicto entre Salinas Pliego y el Gobierno mexicano, que ya acumula medidas, contramedidas y, sobre todo, una narrativa cruzada entre presunta persecución estatal y obligaciones fiscales millonarias.
La Secretaría de Gobernación, sustentándose en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, amplió en paralelo el cerco sobre la industria al suspender la actividad de 13 casinos, tanto presenciales como online, tras detectar “flujos inusuales, operaciones en efectivo difíciles de justificar, movimientos internacionales y uso de plataformas digitales sin supervisión suficiente”.
El mensaje oficial dice que la suspensión inmediata buscó “garantizar la legalidad” en una industria donde “la opacidad financiera puede convertirse en puerta de entrada para redes criminales”.
Desde Grupo Salinas, denunciaron un “uso faccioso del aparato del Estado” destinado a hostigar a sus empresas por múltiples vías, y aseguraron que “cumplimos con todas las disposiciones normativas del sector”.
Paralelamente, la Corte Suprema falló este mismo mes en contra del magnate, obligándolo a pagar más de 48 mil millones de pesos en impuestos, otros 67 millones vinculados a Nueva Elektra y 580 millones de dólares adeudados a acreedores extranjeros.
Mientras tanto, los sitios de apuestas volvieron a estar activos, pero las operaciones financieras siguen paralizadas, hasta que se avancen con las causas judiciales.
Cooperación México – Estados Unidos contra el juego ilegal
Días atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —a través de la OFAC y FinCEN— anunció acciones coordinadas con el Gobierno mexicano para desarticular al grupo criminal Hysa y a una supuesta red de establecimientos de juego vinculados al lavado de dinero y actividades de cárteles.
La ofensiva incluyó sanciones a 27 personas y entidades, propuestas regulatorias para limitar el acceso de 10 casinos al sistema financiero estadounidense y el bloqueo total de bienes asociados.
Según FinCEN, varios de estos establecimientos habían utilizado durante años plataformas presenciales y online para dispersar fondos, ocultar transacciones y reinsertar recursos ilícitos en sistemas financieros de México y de países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
La SHCP ya había adelantado que 13 casinos en ocho estados presentaban operaciones millonarias en efectivo y patrones típicos de lavado de dinero.
