Javier Balbuena, ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay y actual asesor de la Cámara de Diputados, analiza los desafíos que deberán afrontar los organismos reguladores el año próximo.
Administrar una institución o un órgano del Estado es una tarea titánica y hay distintos ejes que marcan el rumbo de una gestión. Lo primero que una autoridad pública debe reconocer y comprender es que, donde hay administración hay administrados que serán los principales beneficiados o perjudicados por sus decisiones. Por ello, es importante tener como objetivo primordial la democratización de la gestión.
La toma de decisiones debe ser producto de un conjunto de acciones que tengan como fin último contribuir al desarrollo del sector. Esto no quiere decir que todas las decisiones deben ser del agrado de los administrados, pues el desarrollo del rubro muchas veces implica la aprobación de reglas más estrictas para las empresas que operan juegos de azar.
Pero es importante hacer hincapié en que el desarrollo desordenado de la industria debe terminar. Esta actividad requiere de un planeamiento de corto, mediano y largo plazo a efecto de que los distintos actores puedan tener certeza sobre el futuro de sus operaciones. La incertidumbre y la improvisación son los peores enemigos de una administración; contribuyen al estancamiento institucional y facilitan el ingreso de elementos que derrumban los muros de la transparencia.
El desorden implica que el organismo regulador no ha establecido un plan de desarrollo y simplemente se ha abocado a resolver lo urgente, pero no lo importante. En este estado de cosas, es muy poco probable que empresas de gran envergadura opten por invertir o desarrollar nuevos modelos de negocio en una jurisdicción con esas características, lo que en última instancia termina por frenar el crecimiento de la industria.
No conozco actores del sector privado a quienes la falta de seguridad y la incertidumbre regulatoria les faciliten el desarrollo de sus negocios, salvo en el caso de los juegos clandestinos, que en este escenario crecen de manera desmedida sin ser alcanzados por el control administrativo y de la justicia. Por este motivo, si se pretende tener una jurisdicción regulada que brinde certeza a los administrados se deberá poner en marcha un plan de gestión que tenga elementos jurídicos y administrativos claros, estables y ejecutables en los tiempos correctos.
Administrar una institución con transparencia ya no pasa por una cuestión de estilo personal, sino más bien por el cumplimiento de normas legales que obligan a las autoridades públicas a transparentar todo lo actuado en el manejo de sus responsabilidades y de poner al alcance de cualquier interesado todo tipo de información que sea del interés del solicitante. Sin embargo, al hacer un recorrido por los portales de varios reguladores, encontramos que algunos solo ponen a disposición informaciones básicas que no producen el efecto de transparentar la gestión, sino que buscan disimular sus actos administrativos. Lo dicho me obliga a decir que muchos reguladores de juegos de azar han desarrollado modelos de gestión que satisfacen los requerimientos de una administración moderna y transparente.
En el caso de Paraguay, cabe destacar que los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han desarrollado modelos de gestión que impulsan la transparencia de sus actuaciones. El propio Consejo de Ministros, encabezado por el presidente de la Republica, ha publicado y transmitido el desarrollo de sus reuniones. Las Cámaras de Diputados y Senadores, así como algunas de sus comisiones más importantes, han hecho lo mismo, poniendo a disposición de la ciudadanía los argumentos de sus discusiones, además de las decisiones adoptadas. También es de conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia transmite sus sesiones. Del mismo modo, otras instituciones también han puesto en práctica la aplicación de las normas de transparencia en la gestión pública.
En este marco, sería prudente que las autoridades regulatorias de Paraguay siguieran el ejemplo de sus superiores y asumieran el compromiso de comunicar sus actuaciones para lograr una mayor participación de todos los actores involucrados en el sector. Esto no solo servirá para democratizar su gestión, sino que permitirá impulsar políticas regulatorias que beneficien al sector, otorgando garantías y seguridad jurídica.
La democratización de la gestión pública es una obligación. Por ello, considero que el corolario de la gestión reguladora será la publicidad y transmisión de las sesiones de la Conajzar.
