El Poder Ejecutivo de Paraguay promulga la ley que regula la instalación de las tragamonedas

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Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, ha promulgado la Ley 6903, que oficialmente restringe la instalación de las máquinas tragamonedas por fuera de los salones de juegos. Además, de esta forma queda nulo el contrato que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) había firmado con la empresa iCrop para habilitar este tipo de máquinas.

La nueva Ley apunta a impedir la instalación de máquinas tragamonedas en comercios, con el objetivo de que los niños y jóvenes no tengan libre acceso al juego y evitar que se desarrollen adicciones. Es decir, cualquier negocio que no sea de juegos o casinos, tendrá prohibido el funcionamiento y la instalación de tragamonedas.

Contrario a cómo funcionaba anteriormente la instalación en la industria local, las municipalidades ahora estarán a cargo de las concesiones y los permisos para explotar los juegos de azar, tal como dispone el proyecto, pero en coordinación con Conajzar.

Los municipios deberán analizar las ofertas de las empresas interesadas en operar máquinas tragamonedas y definir cuál es la mejor y si cumple con las normativas. Por otro lado, la Ley 6903 describe que los municipios también tendrán la potestad de imponer multas, que llegarán a un salario mínimo vigente, aunque, en caso de reincidencia, se multiplicará.

Asimismo, para controlar el pago de premios, deberá existir una base de datos para poder identificar a los jugadores, así como a la máquina por la cual se accedió al premio y el valor de la apuesta, entre otros detalles.

La medida había ganado el apoyo final del Senado en la primera semana de abril, luego de que en una primera instancia fuera enviada a diputados con modificaciones. Seguido a la segunda aprobación, la medida contaba con 90 días oficiales para ganar el visto bueno de Abdo Benítez, aunque la confirmación solo tardó dos semanas.

Cabe destacar que el regulador local había firmado un contrato con la empresa iCrop para delegar sus funciones de habilitar máquinas en los comercios nacionales. A partir de este contrato, la justicia imputó al ex titular de Conajzar, José Ortíz Báez, por lesión de confianza en la investigación por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas.