La audiencia pública del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 reunió a representantes de diversos sectores para debatir los impactos de la prohibición de las apuestas online en Brasil.
En esta tercera y última parte de la cobertura, SBC Notícias Brasil presentó las posturas de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Asociación Nacional de Alcaldes y Vicealcaldes (ANPV), el Laboratorio de Regulación Económica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), la Asociación Brasileña de Abogados Penalistas (ABRACRIM), la Asociación Brasileña de Concesionarias y Permisionarias (Abracopel), la Asociación por la Seguridad Jurídica de los Juegos y Apuestas en Brasil (ANSEJA), el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y el Ministerio del Deporte (MEsp).
Durante la audiencia, Luiz Gustavo Santos Lima, subprocurador general de la República, instó a que el debate conduzca a la búsqueda de una solución responsable para el país, basada en la racionalidad y evitando que las pasiones prevalezcan sobre el análisis de los argumentos.
Mientras tanto, la Medida Provisional aún deberá ser examinada por el Congreso Nacional.
ABERT cuestiona los efectos de la prohibición sobre la publicidad
El abogado Gustavo Binenbojm, representante de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT), cuestionó los aspectos constitucionales de la Medida Provisional, así como sus repercusiones en la seguridad jurídica y la libertad de expresión. Según señaló, el debate no se limita a la política regulatoria, sino que abarca garantías fundamentales y el respeto al debido proceso legislativo.
Binenbojm resaltó que la publicidad comercial forma parte del sistema de libertades de expresión e información, además de representar una manifestación de la libre iniciativa. A su juicio, esta actividad posee relevancia económica y social, ya que sostiene empleos, financia la producción de contenidos y contribuye al mantenimiento de un sistema de comunicación plural.
El abogado también cuestionó la reversibilidad de los efectos de la medida. Señaló que, en apenas diez días, se retiraron campañas publicitarias y se rescindieron contratos de patrocinio. Para Binenbojm, el problema se agrava aún más ante la posibilidad de que los efectos de la medida se vuelvan permanentes, incluso si la Medida Provisional (MP) llegara a ser rechazada por el Congreso.
Asimismo, Binenbojm calificó la Medida Provisional como una “verdadera anomalía institucional”.
La CNI advierte sobre los impactos de las apuestas en la salud de los trabajadores
Georgia Antony Gomes de Matos, psicóloga y representante de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y del Servicio Social de la Industria (SESI), presentó datos sobre los impactos del uso excesivo de pantallas y del ocio digital en la salud mental y financiera de los trabajadores.
Según los datos presentados, cerca del 34 por ciento de los trabajadores pasan tres horas o más al día frente a pantallas fuera del entorno laboral. Esta exposición excesiva se ha asociado con una mayor percepción de estrés, dificultad para relajarse, una peor calidad del sueño y problemas en las relaciones interpersonales. Los efectos incluyen también un mayor riesgo de depresión, especialmente entre los trabajadores más jóvenes.
La representante clasificó las apuestas online como una forma de ocio digital, vinculando esta actividad con los mismos efectos negativos asociados al uso excesivo de pantallas. En este contexto, subrayó que los impactos en la salud pueden manifestarse incluso antes de un diagnóstico de juego problemático, e incluyen un mayor consumo de alcohol, una reducción de la productividad y dificultades de concentración.
Según Matos, la dinámica de las apuestas —caracterizada por el refuerzo intermitente de microganancias, “casi ganancias” y pérdidas— puede contribuir a cuadros de ansiedad y depresión, además de aumentar la incidencia de insomnio y sedentarismo.
La representante también llamó la atención sobre el riesgo de suicidio en situaciones de sobreendeudamiento, estigma y aislamiento social.
La ANPV solicita la suspensión de la MP
La abogada Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, representante de la Asociación Nacional de Alcaldes y Vicealcaldes (ANPV), presentó tres argumentos contra la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026: violación del pacto federativo, ausencia de urgencia constitucional e inseguridad jurídica.
Respecto al pacto federativo, Jirardi afirmó que la Unión puede legislar sobre loterías, pero no puede extinguir concesiones, permisos y autorizaciones estatales o distritales, ya que esto supondría una interferencia en la autonomía de las entidades federativas.
La abogada también cuestionó la urgencia de la medida, recordando que el sector fue regulado en 2023. Señaló que la MP fue firmada nueve días antes de la primera vuelta de las elecciones, lo que sugiere una posible motivación electoral.
En cuanto a la seguridad jurídica, Jirardi criticó la extinción anticipada de las autorizaciones —por las cuales las empresas habían pagado 30 millones de reales por un plazo de cinco años— sin que se contemplara ninguna restitución o indemnización. Según ella, la medida también afecta a los trabajadores, a los proveedores y a las políticas públicas.
Así, argumentó que los riesgos asociados a las apuestas deben abordarse mediante la prevención, el tratamiento y la fiscalización, y no necesariamente a través de una prohibición total. Asimismo, cuestionó que se utilice la vinculación entre las apuestas, el lavado de dinero y el crimen organizado como justificación para la medida.
Finalmente, la ANPV solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la MP y se suspendan sus efectos hasta que el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) emita un fallo al respecto. La UERJ y el MJSP comentan los impactos de la prohibición
Por su parte, Marcello Trindade Paulo, representante del Laboratorio de Regulación Económica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), presentó dos escenarios para el mercado de las apuestas: el mantenimiento de la prohibición, con la adopción de un régimen de transición, o una eventual reapertura del sector, condicionada a la implementación de salvaguardas, especialmente para la protección de la salud pública.
A continuación, Francisco Lucas Costa Veloso, secretario nacional de Seguridad Pública del MJSP, abordó los delitos asociados al sector y mencionó una investigación relacionada con la Lotería Estatal de Río de Janeiro (LOTERJ). Según el ejemplo citado, un grupo habría utilizado una empresa autorizada por dicho organismo para lavar dinero proveniente del jogo do bicho, conforme a una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público.
Veloso argumentó que la regulación no impide la comisión de delitos ni garantiza la protección de la sociedad. En su opinión, la Medida Provisional (MP) constituye una solución al problema, ya que elimina la “neblina” que existía entre las actividades legales e ilegales.
Victor Oliveira Fernandes, secretario nacional de Derecho Digital del MJSP, añadió que el debate también abarca los derechos digitales. Afirmó que las plataformas de apuestas están diseñadas para explotar las vulnerabilidades cognitivas y los sesgos conductuales de los usuarios mediante mecanismos conocidos como “patrones oscuros”.
Entre los recursos mencionados se encuentran la reproducción automática (autoplay) y los bonos, los cuales, según el secretario, pueden influir en el desarrollo de una adicción. Asimismo, Fernandes señaló que, durante los diez primeros días posteriores a la prohibición, la circulación de enlaces a sitios clandestinos en dos aplicaciones de mensajería en Brasil se situó por debajo del promedio anual.
Ricardo Morishita, secretario nacional del Consumidor del MJSP, recurrió al Código de Defensa del Consumidor (CDC) para argumentar que los productos altamente nocivos y peligrosos no deben permanecer en el mercado. Él resaltó que, si bien la legislación permite alertar, informar y orientar a los consumidores sobre estos productos, no admite la permanencia de “productos altamente nocivos” en el mercado de consumo. Para el secretario, este principio expresa el compromiso de la defensa del consumidor frente al poder económico.
La ANJL aboga por la regulación y la protección al jugador
Pietro Cardia, consultor jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), cuestionó la premisa de que la prohibición de las apuestas significaría el fin de la actividad en el país. Según él, la medida no elimina la demanda de juegos.
Cardia también refutó el uso de datos sobre salud pública para justificar la prohibición. Citó un estudio que señala que 11 millones de brasileños tienen el potencial de desarrollar trastornos relacionados con las apuestas online, destacando que el dato corresponde a 2023, es decir, anterior al mercado regulado.
El representante argumentó que el sector ya existía y crecía antes de la regulación. Como ejemplo, mencionó registros de apuestas online en Brasil desde 2005 y datos sobre el volumen de operaciones que, según indicó, pasaron de 2.000 millones de reales en 2013 a más de 5.000 millones de reales en 2018. En 2023, la cifra superó los 28.000 millones de reales.
En opinión de Cardia, las leyes de 2018 y 2023 no crearon el mercado, sino que buscaron establecer normas para una actividad que ya existía y conllevaba riesgos. Por ello, sostuvo que la forma de abordar los problemas asociados al sector es mediante la mejora de la regulación. Según señaló, el debate debe tener en cuenta la seguridad jurídica y la mejor manera de proteger a los apostadores.
Cardia también llamó la atención sobre la reducción en el volumen de apuestas durante los últimos meses de 2026. A su juicio, esta tendencia refuerza la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo de los efectos de la regulación e indica que el modelo regulado iba por el buen camino.
ABRACRIM alerta sobre los riesgos de la prohibición
Milton Jordão, abogado representante de la Asociación Brasileña de Abogados Penalistas (ABRACRIM), cuestionó los efectos de la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 sobre la protección al jugador y el combate al crimen organizado. Señaló que la medida dejó vacíos jurídicos, incluso en lo que respecta a la posibilidad de que un apostador —que accede a plataformas ilegales para alimentar su dependencia— sea procesado penalmente por explotación de juegos de azar o lavado de dinero, en caso de recibir fondos en su cuenta.
Jordão también refutó la afirmación de que la prohibición eliminaría la “zona gris” entre el mercado legal y el ilegal. Según el abogado, la medida provoca el efecto contrario: al extinguir el mercado regulado, abre espacio al crimen organizado y reduce el acceso a datos que podrían contribuir a investigaciones y acciones de fiscalización.
Abracopel cuestiona el papel del Estado
El abogado César Rezende, representante de la Asociación Brasileña de Concesionarias y Permisionarias (Abracopel), reconoció los desafíos sociales asociados a las apuestas, pero argumentó que la prohibición constituye una forma de abuso del poder estatal y no impide la continuidad de la actividad.
Como ejemplo, citó el jogo do bicho (una lotería ilegal popular en Brasil), afirmando que, a pesar de más de un siglo de prohibición y de los recursos destinados a combatirlo, la actividad sigue existiendo, dejando a los ciudadanos desprotegidos y fomentando la criminalidad.
“Hace más de 100 años que Brasil no logra erradicar el jogo do bicho”, declaró Rezende.
Asimismo, comparó la MP n.º 1.394/2026 con la medida provisional de 2004 que prohibió el bingo en el país, argumentando que dicha restricción no logró extinguir la actividad. A su juicio, el juego es inherente a la naturaleza humana, y la función de la legislación no es eliminar las imperfecciones de las personas, sino gestionar las tensiones sociales. En este sentido, Rezende afirmó que la experiencia brasileña demuestra los límites de la prohibición, ya que el apostador no deja de existir con la restricción de la actividad.
ANSEJA señala los riesgos de la imprevisibilidad regulatoria
La abogada Ana Sofia Cardoso Monteiro Signorelli, representante de la Asociación por la Seguridad Jurídica de los Juegos y Apuestas en Brasil (ANSEJA), advirtió sobre los efectos de la imprevisibilidad regulatoria en las inversiones. Según ella, cuando la regulación pasa a ser vista como un obstáculo, los inversores incorporan una prima de riesgo regulatorio, lo que puede elevar los costos de inversión no solo en el sector de las apuestas, sino también en áreas como carreteras, energía y saneamiento básico.
La abogada también argumentó que la prohibición puede estimular el mercado ilegal, el cual opera sin pagar licencias ni impuestos y sin asumir los costos de fiscalización. En opinión de Signorelli, la rentabilidad de las operaciones clandestinas tiende a disminuir cuando existe, paralelamente, un mercado regulado que ofrece seguridad a los inversores que actúan conforme a la legislación.
Según ella, la Medida Provisional (MP) suprime la competencia privada en la modalidad de apuestas de cuota fija, pero mantiene las demás modalidades de lotería explotadas por el gobierno a través de la Caixa Econômica Federal. La representante cuestionó la justificación de la medida basada en la protección de los apostadores: si ese es el criterio, argumentó, ¿cómo explicar que las modalidades de lotería permitidas retengan el 66 por ciento del valor apostado, mientras que la modalidad prohibida retiene cerca del 17 por ciento?
El IBJR cuestiona la urgencia de la MP
Celso Cintra Mori, abogado representante del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), defendió la suspensión de los efectos de la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 hasta que se resuelva sobre dicha medida o sobre las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI) relacionadas con la norma.
Al abordar la constitucionalidad de la medida, Mori cuestionó el cumplimiento de los requisitos de relevancia y urgencia exigidos para la emisión de una MP. Según señaló, el tema fue debatido durante años en el país, tras procesos legislativos y discusiones que condujeron a la decisión política de regular el mercado de las apuestas.
“La urgencia de una medida provisional constituye una limitación al poder legislativo del Ejecutivo; vivimos en una República con una división de poderes, y es el Congreso quien legisla. El Poder Ejecutivo solo puede legislar de manera excepcional, cuando existe una urgencia real, en la que la ausencia de dicha medida podría provocar una catástrofe o un daño irreversible”, afirmó Mori.
Además, argumentó que, en el caso de la MP n.º 1.394/2026, el riesgo de daños irreversibles reside, precisamente, en la propia medida. Mori también llamó la atención sobre su carácter provisional: aunque todavía debe ser examinada por el Congreso, para cuando se realice dicho análisis, es posible que ya se hayan producido daños derivados de su aplicación. A su juicio, la norma desvirtúa relaciones jurídicas establecidas de buena fe y socava la confianza en el sistema jurídico.
El MEsp destaca las acciones de prevención contra la manipulación de resultados
Giovanni Rocco Neto, secretario nacional de Apuestas Deportivas y Desarrollo Económico del Deporte, en representación del Ministerio del Deporte (MEsp), subrayó la importancia de la integridad deportiva y de la protección tanto de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral en el ámbito deportivo como de los aficionados, quienes esperan que los resultados de las competiciones se definan por el desempeño de los atletas, y no por manipulaciones.
Para enfrentar este problema, Neto afirmó que el Ministerio formó una red de cooperación con entidades nacionales e internacionales de monitoreo e integridad deportiva, como la Sport Integrity Global Alliance (SIGA), la International Betting Integrity Association (IBIA) y la Asociación Brasileña de Fantasy Sports (ABFS). Según él, estas y otras instituciones realizan un seguimiento de los mercados de apuestas en diferentes países e identifican alertas sobre posibles casos de manipulación de resultados.
También mencionó una cooperación técnica con Integrity Compliance 360 (IC360) para monitorear competiciones en tiempo real e identificar oscilaciones en las cuotas, con el objetivo de proteger la integridad del deporte brasileño. Neto destacó que Brasil es el único país de América Latina que cuenta con una política nacional de prevención de la manipulación de resultados deportivos.
El secretario añadió que, en octubre, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) formalizó una división de la Policía Federal dedicada a combatir las apuestas ilegales y la manipulación de resultados deportivos.
En el ámbito de la prevención, Neto mencionó acuerdos firmados con el Comité Olímpico de Brasil (COB) y el Comité Brasileño de Clubes (CBC). En colaboración con el COB, el Ministerio impartió un curso sobre la prevención de la manipulación de resultados a todos los beneficiarios del programa “Bolsa Atleta” y trabaja para que dicha formación sea obligatoria en las próximas convocatorias del programa. Según explicó, la iniciativa busca preparar a los atletas para reconocer intentos de manipulación, comprender las consecuencias para sus carreras y saber dónde buscar ayuda.
Por último, Neto subrayó que la protección de las familias, especialmente de niños y adolescentes, también guía la actuación del Ministerio del Deporte (MEsp). Afirmó que la cartera sigue de cerca las preocupaciones de los clubes y entidades deportivas respecto a la financiación y planificación de sus actividades, y recalcó que la integridad de las competiciones es fundamental para el desarrollo económico del deporte.
Según Neto, la confianza en los resultados es de interés tanto para los aficionados como para los profesionales y las instituciones que invierten en el sector.
