El 27 de septiembre finalizó el plazo de participación en la consulta pública que convocó el Ministerio de Economía de Brasil para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión respecto al borrador del decreto que regula las apuestas. Según explicó a SBCNoticias Neil Montgomery, socio director y fundador de la firma de abogados Montgomery & Associados, se discutió la necesidad de actualizar la normativa y finalmente se resolvió modificar tres puntos importantes.
“El Ministerio recibió más de 1.600 contribuciones, tanto de entidades y personas brasileñas como de extranjeras, sobre la reglamentación de las apuestas deportivas online y presenciales”, señaló Montgomery.
Los resultados arrojaron que los representantes de la industria consideran que las casas de apuestas internacionales que actualmente ofrecen sus servicios en Brasil sin permiso de las autoridades del país deben ser bloqueadas y “suspendidas” antes de permitírseles solicitar una licencia de operación. Otro de los puntos que reclaman los empresarios es que los impuestos se apliquen sobre los ingresos brutos de las casas de apuestas y no sobre el pozo de premios. Por otro lado, se pide claridad sobre las posibilidades de apuestas contempladas en la ley. “Es necesario establecer que los jugadores pueden realizar apuestas antes y durante el evento deportivo”, señalan.
“En Montgomery & Associados creemos que no debe haber castigo o ‘cuarentena’ para los operadores que hoy ofrecen sus servicios en el mercado brasileño. Por el contrario, se les debe permitir solicitar una licencia para regularizar su situación. Le hemos transmitido esta necesidad al Ministerio”, afirmó Montgomery.
Por su parte, Alexandre Manoel Angelo da Silva, secretario nacional de evaluación de políticas públicas, planificación, energía y lotería del Ministerio de Economía, indicó: «Hasta ahora, nos parece que el modelo propuesto ha sido bien aceptado. Pero la redacción debe aclararse en una serie de artículos, por lo que haremos correcciones internas en dos o tres semanas».
Según el proyecto, no habrá límites en la cantidad de licencias que el organismo regulador podrá otorgar.
Las empresas deberán abonar una tarifa única de R$ 3 millones para la operación de la licencia, la cual tendrá validez por nueve años.
Asimismo, mensualmente cada operador pagará un monto diferente, ajustado al régimen operativo que les corresponda. Para aquellos que trabajen exclusivamente en el entorno físico, la tarifa será de R$ 20.000, las empresas que operen online tendrán que pagar R$ 30.000, y aquellos que exploten ambas modalidades abonarán un fee de R$ 45.000.
