Por unanimidad, la Comisión de Hacienda del Senado de Chile aprobó ayer por la tarde el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas online. Los objetivos son proteger la salud y la seguridad de quienes juegan; generar condiciones que permitan un mercado competitivo entre estas y las modalidades de juegos de azar actualmente legales (Polla de Beneficencia, Lotería de Concepción, casinos de juego y actividad hípica); transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas, y contribuir a la recaudación fiscal.
De esta forma, la iniciativa —que está en segundo trámite constitucional calificado con suma urgencia— ahora deberá ser sometida a votación en Sala del Senado. De aprobarse en esta instancia se abrirá un plazo para presentar indicaciones y seguir luego su tramitación en particular en las comisiones de Economía y Hacienda.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, abordó las observaciones de representantes de empresas dedicadas al rubro respecto de diversos aspectos del proyecto. En cuanto a la carga impositiva considerada señaló: “Realizamos un ejercicio con la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) a partir de la información pública de los estados financieros de algunas de las grandes empresas de plataformas de apuestas que operan en distintos lugares del mundo e incluyendo el 19 por ciento de IVA nos da que la carga tributaria no supera el 28 por ciento. El debate legislativo resolverá si la carga debe ser esta u otra”.
Además, la funcionaria explicó que la forma en que se está calculando esa carga tributaria incorpora impuestos de aplicación general como el IVA, que opera con una regla de crédito y débito necesarios para generar la renta. “Nos parece que no podemos incorporar excepcionalidades a este impuesto dado que aplicamos IVA a todos los servicios digitales, ya sean de proveedores locales como extranjeros”, continuó.
Berner destacó que el Ministerio Público propuso, en las audiencias del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, mejorar la tipificación del delito de juego ilegal, en todas de sus formas: “Por lo tanto, ambos proyectos no son incompatibles ya que cuando esta industria esté regulada, quienes postulen a una licencia querrán que los operadores ilegales puedan ser perseguidos por la ley. El tema es más bien cómo logramos que ambos proyectos, que están en segundo trámite, avancen adecuadamente”.
Y en lo relativo a políticas de juego responsable enfatizó que el objetivo es que no haya infantes ni adolescentes jugando, por lo que es uno de los objetivos el proyecto que de ley que se incorporen normas para permitir el bloqueo de plataformas y restricciones para los juegos de azar y apuestas en todas sus modalidades, incluyendo identificación biométrica, bloqueos de medios de pago y otras herramientas tecnológicas.
También recordó que todos los actores incumbentes han pedido audiencias de lobby para plantear o sugerir indicaciones al proyecto de ley.
Finalmente, la subsecretaria llamó a trabajar en indicaciones las materias levantadas durante las numerosas audiencias recibidas en la Comisión de Hacienda —que preside la senadora Ximena Rincón—, a fin de fortalecer la necesaria regulación a dicha actividad, planteada en esta iniciativa legal.
La historia del proyecto que regula el juego online
Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 12 de diciembre de 2023, con el apoyo transversal de distintos sectores. Al darse cuenta en el Senado, el proyecto fue enviado tanto a las Comisiones de Economía y de Hacienda, como comisiones técnicas.
La Comisión de Economía del Senado aprobó el PDL en general el 2 de abril de 2024, por la unanimidad de sus miembros. Previo a ello había recibido en audiencias a la Superintendencia de Casinos de Juego, el SII, SUBTEL, la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, la Asociación Chilena de Casinos, el representante de las plataformas Carlos Baeza, y Loyra Abogados. Se conformó una mesa con asesores y asesoras de los senadores de esta instancia legislativa, para recibir comentarios más específicos de cara a la discusión en particular.
La Comisión de Hacienda empezó a analizarlo el 16 de julio, con la presentación de la subsecretaria Berner. Desde engonces ha recibido en audiencia a Super Group; la Asociación Chilena de Casinos de Juego; Polla Chilena de Beneficencia; el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga; representantes de preparadores, jinetes, cuidadores y propietarios de caballos de carrera; la abogada María Soledad Ramírez y Lotería de Concepción. Yield Sec; la Defensoría de la Niñez; Fundación AJUTER y el Consejo Superior de la Hípica Nacional.
En la sesión de ayer intervinieron el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga; y representantes de Casinos Marina del Sol; la plataforma EstelarBet y de la Agrupación de Plataformas en Línea que conforman Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y BetWarrior.
aPAL valora avances en el proyecto para regular el juego online, pero advierte sobre el castigo retroactivo
Tras la unánime aprobación en general del proyecto de ley que regula las plataformas de juego online en la Comisión de Hacienda del Senado, la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) valoró el avance e hizo un llamado a enfocar la siguiente etapa del debate en los aspectos que garanticen una regulación eficaz, centrada en la protección de los usuarios y en una recaudación fiscal sostenible.
La agrupación, integrada por Betano, Betsson, Betwarrior, Coolbet y Latamwin, señaló que el éxito de la ley se medirá por su capacidad real de crear un mercado formal, seguro y competitivo. En ese sentido, destacó como un avance que el proyecto contemple la creación de una Política Nacional de Juego Responsable, agenda que los operadores de aPAL han impulsado activamente.
Durante la sesión se recalcó la importancia de abordar la regulación con una visión de política pública amplia. En esa línea, se relevó la necesidad de analizar la señal que emiten ciertos juegos de azar, como fue destacado por el senador Ricardo Lagos Weber a raíz de una intervención que alertaba sobre conceptos como “Chao Jefe”, que pueden interpretarse como una solución económica de por vida.
Para la industria, la clave para proteger a los jugadores en este nuevo marco es la “canalización”. El vocero de aPAL, Carlos Baeza, explicó que un sistema tributario competitivo es la herramienta principal para lograrla, con un impacto directo en la recaudación y en la seguridad de las personas.
“El éxito de esta ley se medirá por su capacidad de canalización, es decir, de atraer a los jugadores del mercado no regulado a un mercado regulado. Una carga tributaria excesiva es inversamente proporcional a la canalización: a impuestos más altos, menor será el porcentaje de operadores que pasen de un mercado no regulado a un mercado regulado. Esto no solo deja a más usuarios desprotegidos, sino que también afecta los ingresos fiscales. Según estimaciones de consultoras internacionales, un modelo sin IVA, con una carga promedio en el mundo de 22 por ciento, podría aumentar la recaudación en un 50 por ciento y, crucialmente, ampliaría en un 75 por ciento la cantidad de usuarios protegidos al integrarlos al mercado regulado”, aseguró Baeza.
Además de una carga tributaria, que es una de las más altas del mundo (37,6 por ciento), la agrupación advirtió sobre otros puntos críticos del proyecto. Entre ellos, las normas que otorgan a Polla Chilena de Beneficencia preferencias injustificadas, como eximir del cumplimiento de las mismas exigencias técnicas que el resto.
Lo mismo para el caso de la prohibición que contienen el proyecto de ley de Inteligencia económica, que tienen un foco totalmente distinto y que regula indebidamente esta industria, intentando prohibir, lo que de prosperar, implicaría entregar un monopolio de facto a “Polla”, al margen de todas las normas constitucionales vigentes.
Asimismo, se cuestionaron los artículos que establecen un bloqueo y un impuesto retroactivo para los operadores actuales, medidas que infrinjan normas legales expresas y ponen en riesgo una transición ordenada desde un mercado no regulado hacia uno 100 por ciento formal.
