Combatir el enorme mercado de juego ilegal y no regulado representa un desafío formidable para los reguladores estatales. Sin embargo, como se analizó en SBC Summit Americas 2026, definir dicho mercado e identificar a quienes operan dentro de sus límites podría ser una tarea aún más compleja para quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
Durante el panel “Represión del juego no regulado: ¿Dónde trazan la línea los estados?”, un grupo de reguladores y consultores con amplia experiencia debatió sobre cómo la persecución de los operadores ilegales en la era moderna requiere adaptabilidad.
Esto cobra especial importancia, ya que las empresas cambian sus tácticas y métodos de operación prácticamente de la noche a la mañana ante la posibilidad de redadas.
“Desde el punto de vista de la investigación, no debemos enredarnos en las diferentes etiquetas y denominaciones”, afirmó Carl Herold, director de Cumplimiento de la Ley de la Comisión de Control de Juegos de Florida.
Según American Gaming Association, las nuevas formas de juego ilegal, especialmente en el sector del juego online, provocaron un aumento del 22 por ciento en la actividad ilícita entre 2022 y 2025. El año pasado, la asociación estimó que los estadounidenses apostaban 673.600 millones de dólares anuales con operadores de juego sin licencia.
La confrontación entre la autoridad estatal y la federal siempre representa un desafío
Al carecer de autoridad para buscar soluciones fuera de sus jurisdicciones, los reguladores estatales del juego suelen dirigirse a los operadores mediante cartas de cese y desistimiento y amenazas similares de aplicación de la ley.
En particular, en los últimos años, han aplicado este enfoque tradicional a los deportes de fantasía diarios, los juegos de lotería y los mercados de predicción, llegando incluso a presentar cargos penales, posteriormente suspendidos, en el caso de estos últimos.
Sin embargo, Susan Bala, co-fundadora y directora de Advance Compliance Technology, afirmó que esta estrategia por sí sola resulta insuficiente en la era digital: “Simplemente abrirán otros 10 o 20 sitios web con un nombre diferente”.
El moderador del panel, George Rover de Princeton Global Strategies ejecutivo con larga trayectoria en la División de Control del Juego de Nueva Jersey, destacó los esfuerzos previos en ese estado para involucrar a las autoridades federales y reforzar las medidas estatales. Dichos esfuerzos, señaló, encontraron resistencia por parte de las autoridades federales, que tienen prioridades más importantes.
“No te voy a dar dos agentes del FBI durante 18 meses para que realicen una investigación en el extranjero. No puedo permitírmelo”, comentó Rover que le habían dicho. Ante esta realidad, Rover sugirió que los reguladores y las autoridades estatales colaboren estrechamente para determinar las mejores prácticas aplicables a todas las jurisdicciones.
“Hay que combatirlos con firmeza, de maneras nunca antes contempladas”, afirmó Rover.
¿Puede la ciudadanía denunciar el juego ilegal?
Algunos operadores extranjeros de renombre extienden sus esfuerzos de publicidad y marketing en Estados Unidos hasta el punto de desafiar directamente a los reguladores.
Por ejemplo, una empresa de apuestas deportivas emitió anuncios de televisión durante las transmisiones del “March Madness” del campeonato de baloncesto masculino de la NCAA en los últimos años.
Ed Martin, presidente de la Asociación de Reguladores de Apuestas Deportivas, afirmó que el público puede ayudar a sus miembros informando a la FCC y a otras autoridades sobre estas prácticas.
“La gente debería presentar quejas sobre los anuncios de juegos no regulados en radio y televisión”, declaró Martin.
Los estados también recurren a los tribunales
En 2026, las batallas legales a nivel estatal entre reguladores, empresas de mercados de predicción y la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) representan el frente de lucha más activo de los estados contra el juego ilegal.
Una de estas batallas se libra en Massachusetts, donde 37 estados se unieron en un escrito de “amicus curiae” en apoyo de la demanda del estado contra Kalshi, que se está tramitando en un tribunal estatal. La comisionada de juegos de Massachusetts, Nakisha Skinner, intervino en el panel y expresó su confianza en que el enfoque de su estado tendrá éxito.
“Dejaremos que el proceso siga su curso en los tribunales, pero creemos que, en última instancia, la Corte Suprema estará de acuerdo”, afirmó Skinner.
En general, Rover resumió la opinión del panel sobre el uso de todas las herramientas disponibles para los reguladores estatales: permitirlo es fomentarlo.
“Si no se actúa con firmeza, se está permitiendo sutilmente. Es una situación difícil para todos, pero esperamos que cambie en el futuro”, concluyó Rover.
