2020, el año de la regulación de las apuestas deportivas

Neil Montgomery, socio director y fundador de la firma de abogados Montgomery & Associados, analiza las perspectivas del sector para 2020 de cara a la regulación de las apuestas en Brasil.

A pesar de la euforia que se desató a fines del año pasado con la promulgación de la Ley Federal 13.756/2018 -que autorizó la explotación de apuestas deportivas de cuota fija en Brasil-, el 2019 está a punto de cerrar y la regulación aún no está lista.

Sin dudas, fue un año intenso para la Secretaría de Evaluación de Políticas Públicas, Planificación, Energía y Lotería (SECAP) del Ministerio de Economía entre la elaboración del decreto que regulará dicha ley federal y la adjudicación de la concesión de la Lotería Instantánea Exclusiva (Lotex) al consorcio formado por International Game Technology (IGT) y Scientific Games, tras varios intentos fallidos de privatización.

SECAP realizó en 2019 dos consultas públicas sobre la regulación de las apuestas deportivas. En la primera, recibió más de 1.800 contribuciones tanto de entidades y personas brasileñas como de extranjeras. En la segunda, recibió más de 2.400 respuestas con sugerencias al borrador del decreto.

De acuerdo a los resultados obtenidos, quedó claro que el tema tributario es una de las principales preocupaciones de los empresarios del sector. La Ley 13.756/2018 fijaba un impuesto del 3 por ciento sobre el volumen de negocios (turnover) de los operadores online y un 6 por ciento para operadores presenciales (land-based). En tanto, el borrador del decreto pretendía establecer una alícuota única del 1 por ciento para las dos modalidades. Sucede que un decreto no puede contrariar una ley federal, lo que significa que los respectivos impuestos del 3 y 6 por ciento deberán ser aplicados, a menos que el Congreso Nacional decida aprobar otra ley que modifique el tipo de gravamen. Resulta poco probable que esto ocurra, teniendo en cuenta que el 2020 es año de elecciones municipales en Brasil. Es casi imposible que un tema tan sensible como el juego sea prioridad en un contexto de convulsión política.

Cabe destacar que todavía hay mucha incertidumbre en torno al monto que las empresas tendrán que pagarle al gobierno federal en concepto de la licencia de explotación. El Ministerio había establecido que todas las empresas deberían abonar una tarifa única de 3 millones de reales para la operación de la licencia, la cual tendría validez por nueve años. Sin embargo, se rumorea que el monto de la tarifa podría ser menor para los operadores online y mayor para los operadores land-based/multicanal.

En el marco del Online Gaming Summit, que se celebró recientemente en San Pablo, el regulador brasileño también anunció que podría aumentar de 6 a 18 millones de reales al valor de las reservas que las empresas estarán obligadas a constituir para garantizar el pago de premios. Es posible, incluso, que el valor final de la reserva sea aún más alto, lo que significaría que sólo los grandes jugadores estarán en condiciones de obtener licencias.

Además, a pesar de haber expresado previamente la voluntad de no aplicar castigos o “cuarentena” a las empresas que actualmente ofrecen sus servicios de apuestas en el país sin licencia, en una entrevista publicada esta semana por Games Magazine Brasil, el secretario de SECAP Alexandre Manoel señaló que “se prevé un período de castigo de 730 días de inhabilitación para cualquier compañía que opere de manera irregular a partir del inicio de la actividad de manera legal”.

Todo indica que el decreto saldrá en enero de 2020, previo a la celebración de la conferencia ICE Londres, donde las autoridades de SECAP participarán como ponentes. Una vez publicado el decreto, el mercado estará operativo en 6 meses.

Si bien desde SECAP estiman que ejecutarán el 90 por ciento del borrador sometido a consulta pública, aún reina la incertidumbre sobre las condiciones finales en las que se desarrollará el mercado. De cualquier modo, la reglamentación de las apuestas en Brasil despertará a un gigante dormido, lo que podría desencadenar un efecto dominó en Latinoamérica, una región que avanza a paso lento pero firme.