La congresista de Brasil, Caroline De Toni, presentó el Proyecto de Ley N° 5.153/2026 que busca prohibir la explotación, oferta, promoción y facilitación de las apuestas online en el país, eliminando esta modalidad en todo el territorio nacional.
Además, la propuesta establece medidas para la cancelación de las licencias federales vigentes en un plazo de 180 días, el bloqueo del acceso y la suspensión de los flujos financieros relacionados con el sector.
La prohibición abarca eventos deportivos o de cualquier otra índole, eventos virtuales y juegos online con sistema de cuotas fijas. La restricción no se aplica a otras modalidades de lotería autorizadas por el gobierno que no se ajusten a una definición precisa.
“Se considera apuesta de cuotas fijas aquella en la que el apostador arriesga una cantidad determinada, y la cantidad que puede recibir, si acierta el pronóstico, se define al momento de realizar la apuesta mediante un factor de multiplicación previamente establecido”, establece la iniciativa.
El texto también excluye de la prohibición las actividades de deportes de fantasía, siempre que cumplan con requisitos estrictos, como equipos formados por al menos dos personas reales y premios fijos independientes del número de participantes, prohibiendo así el uso de esta modalidad para encubrir apuestas de cuotas fijas.
Cuáles son los puntos principales de la iniciativa contra las apuestas
El artículo 2 del proyecto de ley prohíbe la explotación, operación, administración, comercialización o intermediación de apuestas de cuotas fijas; el mantenimiento de sitios web y establecimientos físicos destinados a esta modalidad; la recepción, recaudación o procesamiento de valores para la ejecución de estas apuestas; la difusión o promoción de apuestas u operadores, incluyendo patrocinios; la oferta de bonos, recompensas y programas de fidelización que estimulen la actividad; la actividad remunerada de afiliados e influencers; y la difusión o recomendación, incluso si se presenta en forma de opinión, cuando tenga como objetivo promover, recomendar, facilitar el acceso o inducir el uso de apuestas de cuotas fijas.
El documento también diferencia el contenido periodístico, académico, científico o educativo de otras piezas publicitarias, sin caracterizarlas como promoción de apuestas online, siempre que no tengan una relación comercial, remuneración o patrocinio por parte de un operador.
El gobierno será responsable de determinar el bloqueo de sitios web de apuestas a través de los proveedores de conexión a internet; la eliminación de aplicaciones de los proveedores de aplicaciones; la eliminación de anuncios de plataformas digitales, el bloqueo de cuentas y la cancelación de transacciones con instituciones financieras, entre otras medidas, se aplican también a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
El artículo 5 prohíbe a la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios otorgar, autorizar o permitir la operación de apuestas de cuotas fijas.
Las sanciones administrativas para personas jurídicas y físicas incluyen advertencias, cuando corresponda; multas; y la suspensión o el bloqueo de los medios utilizados para cometer la infracción. Para las personas jurídicas, la multa oscila entre el 0,1 y el 20 por ciento de los ingresos brutos del ejercicio anterior, con un límite máximo de 2.000 millones de reales por infracción. Para las personas físicas, la sanción económica se fija entre 50.000 y 2.000 millones de reales.
En el ámbito penal, el proyecto tipifica como delito la explotación, organización, financiación o mantenimiento de apuestas de cuotas fijas tras el periodo de transición, con penas de prisión de 2 a 5 años y multas, que pueden incrementarse hasta en dos tercios en casos de organización criminal.
El documento prevé la cancelación de las licencias federales vigentes en un plazo de 180 días, “independientemente del plazo originalmente estipulado en la autorización correspondiente”.
Transcurrido este plazo, el operador tiene prohibido aceptar nuevas apuestas y depósitos. Además, a partir del día 181, la plataforma deberá abonar los premios correspondientes y reembolsar los saldos a los jugadores en un plazo de 90 días. Los sitios web deberán estar disponibles exclusivamente para consultas, retiros de saldo y liquidación de apuestas.
De Toni habló contra la industria de las apuestas
La congresista citó evidencias económicas, sociales y sanitarias derivadas de las apuestas online desde el inicio del mercado regulado. Uno de los datos destacados por la congresista fue la estimación del Boletín Fiscal de los Estados Brasileños, que indicaba una transferencia neta mensual promedio de 4.700 millones entre octubre de 2024 y marzo de 2026.
Afirmó: “Solo en 2025, la estimación alcanzó los 62.500 millones en salida neta de recursos de las familias brasileñas hacia el sector de las apuestas, una cantidad equivalente a aproximadamente el 0,68 por ciento del ingreso nacional bruto disponible de las familias”.
Entre otros hallazgos presentados, De Toni subrayó que “el mercado de las apuestas ha alcanzado una escala económica suficientemente alta como para interferir en las decisiones de consumo, ahorro y endeudamiento de las familias brasileñas”.
