En esta edición del Rincón Jurídico, José Francisco Manssur, abogado, socio de CSMV Advogados y ex-asesor especial de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Hacienda, destacó la importancia del cumplimiento normativo, el juego responsable y la generación de información fiable sobre el mercado de las apuestas online.
En su nuevo artículo, Manssur recalcó que el cumplimiento normativo y el juego responsable deben considerarse inversiones en la sostenibilidad de la actividad, y no simplemente como costes derivados de la regulación.
Asimismo, subrayó la necesidad de contar con datos verificables y fiables para evitar que el sector siga guiándose por estimaciones, investigaciones puntuales y proyecciones cuya metodología suele ser desconocida.
Rincón Jurídico: El cumplimiento normativo, el juego responsable y la información sobre las apuestas pueden cambiar las reglas del juego
Pocas actividades económicas en Brasil han experimentado una transformación regulatoria tan profunda en tan poco tiempo como el mercado de las apuestas de cuotas fijas.
Hasta hace poco, analizábamos los efectos de una actividad ya existente en el país, que movía miles de millones de reales, patrocinaba clubes, campeonatos y medios de comunicación, pero que operaba sin un sistema completo de autorización, supervisión y control. Desde el 1 de enero de 2025, la realidad es diferente.
Brasil cuenta ahora con un mercado regulado a nivel nacional, sujeto a autorización previa, certificación del sistema, identificación de apostadores, normas contra el lavado de dinero, controles de integridad, protección de menores, restricciones publicitarias y una amplia política de juego responsable.
Sin embargo, el cambio más importante podría tener que producirse dentro del propio mercado.
El cumplimiento normativo y el juego responsable no pueden entenderse simplemente como costos derivados de la regulación. Son inversiones en la sostenibilidad de la actividad.
Esta distinción es especialmente importante en un sector donde la confianza es un activo económico fundamental.
Un operador que invierte en mecanismos eficientes para identificar a los apostadores, prevenir el fraude y el lavado de dinero, monitorear comportamientos potencialmente problemáticos, proteger a las personas vulnerables y realizar publicidad responsable, evidentemente, está cumpliendo con sus obligaciones legales.
Pero va más allá: ayuda a diferenciar el mercado regulado del ilegal. Para ser justos, muchos operadores autorizados ya lo ven así.
Esta es quizás una de las mayores dificultades en el debate público brasileño sobre las apuestas. Para una parte importante de la sociedad, simplemente no hay diferencia entre una empresa autorizada por el Ministerio de Hacienda, sujeta a decenas de obligaciones regulatorias, y un sitio web ilegal accesible a través de internet.
Sí la hay. Y es enorme.
Regular una actividad no significa declarar que no produce externalidades negativas. Significa precisamente lo contrario: reconocer su existencia y crear mecanismos para reducirlas, controlarlas y monitorearlas.
Es en este punto donde surge una segunda cuestión, que considero crucial para el futuro del mercado brasileño: necesitamos datos más verificables y fiables.
El debate sobre las apuestas en Brasil sigue estando excesivamente condicionado por estimaciones, investigaciones anecdóticas, proyecciones privadas y cifras cuya metodología no siempre se conoce.
Esto es perjudicial para todos.
Es perjudicial para el gobierno porque dificulta la medición de los resultados de las políticas públicas. Es perjudicial para las empresas porque permite extraer conclusiones sobre todo el mercado a partir de episodios aislados. Y es especialmente perjudicial para la sociedad porque impide un debate objetivo sobre los beneficios, riesgos y problemas reales de la actividad.
Actualmente, el Estado brasileño recibe un volumen significativo de información operativa de las empresas reguladas. Transformar parte de esta información en estadísticas públicas periódicas, respetando la confidencialidad empresarial y la protección de datos personales, debería ser una prioridad.
¿Cuántas personas apuestan realmente? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el gasto promedio y la mediana? ¿Qué porcentaje de apostadores utiliza herramientas de autolimitación? ¿Cuántas personas recurren a la autoexclusión? ¿Cómo evolucionan estos indicadores con el tiempo? ¿Cuál es la cuota estimada del mercado autorizado en relación con el mercado ilegal?
Pero este esfuerzo por producir y difundir datos no debería ser responsabilidad exclusiva del sector público. El propio mercado regulado debe contribuir de forma más activa para enriquecer el debate.
¿Cuántos empleos directos e indirectos se han generado como resultado de la regulación? ¿Cuánto se ha recaudado y asignado, por ley, a áreas de interés público, como el deporte, la educación, la salud, la seguridad pública y la seguridad social? ¿Cuántas alertas sobre posibles casos de amaño de partidos han llegado a las autoridades competentes a partir de la información producida o compartida por las empresas autorizadas y sus sistemas de monitoreo? ¿Cuántos casos de juego problemático se han identificado, remitido o monitoreado a través de los mecanismos de juego responsable existentes en el mercado regulado?
Estos son también datos relevantes para evaluar las políticas públicas.
Por lo tanto, las empresas y entidades representativas del sector deben realizar un esfuerzo coordinado para investigar, consolidar y comunicar esta información. No se trata de producir propaganda institucional, sino de aportar evidencia a un debate que a menudo se centra únicamente en los efectos negativos de la actividad.
Si la existencia de un mercado regulado genera empleo, recauda recursos para políticas públicas, amplía la capacidad de identificar el fraude y la manipulación deportiva, y permite detectar y abordar conductas de juego problemáticas, es necesario medir, documentar y presentar estos resultados a la sociedad con transparencia y una metodología confiable.
Esto es particularmente importante porque la regulación brasileña es muy reciente. Su primer ciclo completo comenzó en enero de 2025. Evaluar sus resultados es indispensable; declarar su fracaso antes de generar indicadores capaces de medirlos representaría un enorme avance.
Para las empresas, también hay una decisión que tomar.
Es posible considerar el cumplimiento normativo como el departamento que dice “no”, el juego responsable como una obligación impuesta por el regulador y cada nuevo requisito como un gasto operativo más.
O bien, es posible comprender que, en una actividad sujeta a un constante escrutinio social y político, estas estructuras ayudan a preservar lo que todo mercado regulado más necesita: confianza.
Las empresas responsables deben demostrar que existe una diferencia concreta entre operar dentro y fuera de la regulación.
Y las autoridades públicas y el propio sector deben generar datos que permitan a la sociedad percibir esta diferencia.
A largo plazo, quizás sean precisamente estas dos inversiones —cumplimiento normativo y evidencia— las que determinen no solo la calidad de la regulación brasileña, sino también la legitimidad misma del mercado que pretende organizar.
