La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile podría perder su personalidad jurídica por sus vínculos con las apuestas deportivas, según sugirió el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Según el funcionario, los patrocinios firmados entre la casa madre del fútbol local y el sector podrían costarle caro.
“Hoy, el Ministerio de Justicia tiene que pedir al Consejo de Defensa del Estado que demande para que se disuelva una personal jurídica que infringe la ley. Y sobre el caso de la ANFP, es un caso que nosotros estamos cerrando y que vamos a comunicar en las próximas semanas su decisión”, explicó.
Durante una entrevista televisiva en el canal T13, Cordero señaló que el Ministerio de Justicia “ha llevado a cabo su investigación”.
Las acusaciones contra la ANFP surgen de sus vínculos con empresas de apuestas deportivas. Por eso, el ministro fue consultado sobre su posición con respecto a la legalidad del sector: “Hay un debate entre quienes sostienen que son ilegales y entre quienes sostienen que, no habiendo regulación, hay una ambigüedad”, se limitó a responder.
La posición de la ANFP sobre las apuestas deportivas
Recientemente, la ANFP declaró ante el Ministerio de Justicia que las apuestas deportivas son una actividad “que no está prohibida”. Las declaraciones fueron emitidas en septiembre de 2022 en una carta oficial enviada desde la ANFP a Carlos Aguilar, jefe del Departamento de Personas Jurídicas del ministerio.
“Los juegos de azar desde hace varias décadas auspician el fútbol nacional y el deporte local, la ANFP considera que las plataformas de apuestas online desarrollan una actividad que no está prohibida y que ciertamente podría requerir de una mayor y mejor regulación”, explicaron en ese entonces.
Además, justificaron la relación con las casas de apuestas durante la pandemia, ya que “producto del cierre de los estadios y del aumento en los costos a consecuencia de los protocolos sanitarios, los clubes de fútbol sufrieron millonarias pérdidas económicas, como la gran mayoría de las actividades que se desarrollan en nuestro país, llevando a estos últimos a un estado de precariedad económica”.
