La Asociación Chilena de Casinos y Juegos alzó la voz contra el jugador de la selección Arturo Vidal tras el anuncio del futbolista sobre su sociedad con la casa de apuestas online Apostala. A través de un comunicado, la entidad expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una acción que “normaliza e incentiva” el juego ilegal en Chile.
Desde la asociación señalaron que no se trata de una opinión aislada, sino de una postura institucional frente al avance de plataformas sin regulación clara, a las que acusan de no pagar impuestos, no cumplir con requisitos de juego responsable ni ofrecer garantías de protección al usuario. En ese contexto, remarcaron que la promoción pública de estos sitios, sobre todo por figuras influyentes como Vidal, contribuye a consolidar una práctica que consideran fuera del marco legal.
“Nos parece inaceptable que un deportista de su trayectoria y relevancia esté participando activamente en la promoción del juego ilegal en Chile, viciando con ello el mismo deporte que dice defender”, expresaron desde la asociación.
La controversia se suma a la reciente advertencia emitida por el Colo Colo, el club donde Vidal juega actualmente, tras el anuncio del futbolista sobre el lanzamiento de su propia casa de apuestas junto a su socio André Leite. En aquel momento, la dirigencia del club dejó en claro que revisaría en detalle el vínculo comercial del jugador por posibles conflictos con los estatutos internos y los lineamientos de la ANFP.
Cabe destacar que, en paralelo al crecimiento del patrocinio de casas de apuestas en el fútbol chileno, el país continúa sin una ley específica que regule este mercado. Si bien existen proyectos en debate, las plataformas que operan hoy lo hacen sin un marco legal definido, lo que genera un gran debate entre los involucrados.
En su comunicado, la Asociación de Casinos remarcó que no se oponen al juego online, pero insisten en la urgencia de regular el mercado. “Esperamos que estas situaciones sirvan como un llamado de atención para avanzar hacia una legislación que brinde certezas jurídicas, resguarde la fe pública y proteja a los consumidores”, concluyeron.
