Desde el gobierno de las islas españolas de Baleares anunciaron una serie de nuevos impuestos, que afectaría a la industria del juego y las apuestas.
Después de una negociación entre la presidenta del gobierno local Francesca Lluc Armengol Socías del PSOE y el Partido Socialista de las Islas Baleares, se determinó que en el Presupuesto 2023 se contemplarán estas subas.
“Subiremos los impuestos a las máquinas tragaperras, casinos y bingos, porque lo que necesitamos es fortalecer la educación, la sanidad y los servicios sociales”, confirmó el portavoz de Podemos en Baleares, Alejandro López, a Diario de Ibiza.
Asimismo, el anuncio se hace en el marco de una adición del 11,5 al 12 por ciento el impuesto de Transmisiones, “que se aplicará a la compraventa de casas de lujo que superen el millón de euros”. Algunas transacciones superarán también el impuesto del 13 por ciento “en el caso de que el valor de la venta de la mansión supere los dos millones”.
Ambas propuestas iniciarán con una fase de debates a partir de esta semana, pero desde Podemos ya han afirmado que “defenderemos el derecho a garantizar una vivienda digna en las islas para toda la ciudadanía y la preservación del medio ambiente”.
Por esta razón, el debate incluirá los precios de las viviendas ya que en las islas es donde “más ha aumentado el precio de la vivienda y, no solo eso, sino que ya supera los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008”.
En cuanto al juego, López concluyó que se trata de un tema “de justicia social teniendo en cuenta que se trata de empresas que se están lucrando con una actividad que perjudica al conjunto de la población”.
La situación del juego presencial en Islas Baleares
Más allá de los límites que viene sufriendo la industria del juego online y las apuestas deportivas en todo España, los datos oficiales revelan que en Islas Baleares han cerrado 37 salas mientras que otras dos están en proceso de clausura también.
“Algunos de los cierres responden a denegaciones de licencias, declaraciones de nulidad o revocaciones de los permisos existentes (15), pero la mayoría se deben a a renuncias y desestimientos de las propias empresas”, informaron desde el gobierno.
“Para ello ha sido clave el trabajo conjunto con la sociedad civil y las diferentes asociaciones y plataformas de las Illes Balears, que han puesto a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio como lamentablemente se había tratado hasta ahora”, comentaron también a Periódico de Ibiza.
Además, la modificación de la Ley 8/2014 de 1 de agosto sobre el juego y las apuestas impulsada desde el gobierno ya se encuentra en su recta oficial, llegando a la aprobación definitiva. Así, se impedirá otorgar nuevas licencias de juego y se impondrá un máximo de 75 salas de juego por millón de habitantes.
Por otro lado, varios expertos sobre la industria replicaron que la “sobre-regulación” podría derivar en un crecimiento del juego ilegal.
