El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil realizó este martes 3 una audiencia pública para debatir los efectos de la Medida Cautelar (Medida Provisoria) n.º 1.394/2026, que prohibió la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de las apuestas de cuota fija en el país.
Conducida por el ministro Luiz Fux, la sesión reúne a representantes del gobierno federal, entidades del sector, clubes de fútbol y otras organizaciones para presentar argumentos sobre los impactos de la medida.
En la apertura, Fux recordó que el STF ya había promovido audiencias públicas los días 11 y 12 de noviembre de 2024, en el marco de las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADIs) n.º 7.721 y n.º 7.723, que cuestionan la constitucionalidad de la ley que reglamentó las apuestas en 2023. Según el ministro, los encuentros permitieron discutir ampliamente las posibles consecuencias nocivas de la actividad, y ese antecedente debe ser considerado en el debate actual.
En la primera parte de la audiencia, Fux escuchó a representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), de la Abogacía General de la Unión (AGU), de clubes de fútbol y de la Federación Nacional de Atletas Profesionales de Fútbol (Fenapaf).
El MJSP defiende la medida y cita daños sociales asociados a las apuestas en Brasil
Wellington César Lima y Silva, ministro de Justicia y Seguridad Pública, defendió la relevancia y la urgencia de la llamada “MP de las apuestas” (MP das Bets). Según indicó, el gobierno federal condujo discusiones minuciosas sobre el tema, considerando los impactos sociales de la actividad.
El ministro citó daños a la salud pública, a la ciudadanía digital y a la seguridad pública, además de mencionar el endeudamiento y los suicidios asociados a las apuestas. Asimismo, criticó la asimetría en la percepción de los riesgos, la cual calificó como una dinámica perversa y una “arquitectura de la dependencia”.
Aunque reconoció las expectativas legítimas creadas en el entorno de negocios tras la reglamentación, el ministro afirmó que la realidad social se antepuso a los intereses económicos, lo que justificó, a su juicio, una medida más severa.
La AGU defiende la constitucionalidad de la MP n.º 1.394/2026
Jorge Messias, abogado general de la Unión, defendió la constitucionalidad de la norma como una medida necesaria para proteger a las familias brasileñas de los impactos sociales, económicos y sanitarios de las apuestas online. Según explicó, la reglamentación del sector, a pesar de haber establecido mecanismos de protección, no fue suficiente para garantizar la seguridad de los consumidores. El abogado destacó, además, que parte de esas herramientas dependía de la iniciativa del propio apostador —como la definición de límites individuales y la decisión de interrumpir la actividad—, precisamente cuando la capacidad de autocontrol puede estar comprometida.
Messias reconoció los esfuerzos de las empresas por cumplir con las exigencias regulatorias y el trabajo de los servidores públicos responsables de implementar la política, pero argumentó que esto no obliga al Estado a ignorar los límites de la regulación. También resaltó los efectos de las apuestas sobre la salud mental y el presupuesto doméstico, incluidas las consecuencias para niños y adolescentes.
Al abordar los impactos económicos, Messias afirmó que el gobierno no atribuye a las apuestas todos los problemas de endeudamiento de la población, pero considera que la actividad puede agravar la vulnerabilidad financiera de los hogares.
Sobre el mercado clandestino, Messias refutó el argumento de que la prohibición favorezca la expansión de los operadores ilegales. Para él, la existencia de operadores no licenciados no justifica, por sí sola, el mantenimiento de una actividad que representa riesgos para la población. Messias defendió que la prohibición esté acompañada de una fiscalización efectiva, que incluya el control del acceso a las plataformas, de la publicidad y de los medios de pago. Reconoció que la ejecución de la medida exige seguimiento y perfeccionamiento, pero afirmó que las dificultades de fiscalización no justifican la omisión del poder público.
Asimismo, sostuvo que la libre iniciativa debe convivir con otros derechos constitucionales, como la salud, la defensa de la familia y del consumidor, y la protección de la infancia y la adolescencia.
Clubes de fútbol y la Fenapaf señalan riesgos para el deporte
Representantes de clubes de fútbol y de la Federación Nacional de Atletas Profesionales de Fútbol (Fenapaf) cuestionaron los efectos de la medida sobre el financiamiento del deporte, la preservación del empleo y la seguridad jurídica de los contratos. En general, argumentaron que la prohibición abrupta de las apuestas no otorga un plazo suficiente para la adaptación y puede comprometer a distintas disciplinas, en especial al fútbol femenino y a las divisiones inferiores.
Flamengo y Fluminense cuestionan los impactos financieros
Flávio de Araújo Willeman, vicepresidente general del Clube de Regatas do Flamengo, afirmó que la institución organizó su planificación financiera con base en la legislación aprobada por el Congreso Nacional y asumió compromisos con deportistas y empleados contando con la continuidad de los contratos de patrocinio. Según indicó, la medida podría comprometer más de 1.200 puestos de trabajo y provocar una reducción aproximada de 430 millones de reales en los ingresos anuales del club. El dirigente también destacó el impacto sobre el financiamiento de deportistas de otras disciplinas.
Willeman cuestionó además la constitucionalidad de la norma, argumentando que no cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y que no resulta adecuada para combatir los problemas asociados a las apuestas. El representante del Flamengo defendió que estas problemáticas se aborden mediante una regulación más estricta, en lugar de una prohibición total.
Matheus Reis y Montenegro, abogado representante del Fluminense, argumentó que la disposición afecta directamente las principales fuentes de ingresos de los clubes, tales como patrocinios, vallas publicitarias y derechos de transmisión. Citó datos de 2025 que indican que el 34 por ciento de los ingresos comerciales de los clubes de la Serie A provino de empresas de apuestas, lo que equivale a 1.000 millones de reales de un total de 3.000 millones.
El letrado cuestionó también el plazo de adaptación de apenas diez días en Brasil, en contraste con los períodos de transición adoptados en otros países para restringir la publicidad de apuestas, los cuales alcanzaron los diez meses o más. Montenegro aclaró que la comparación se refería a la restricción publicitaria y no a la prohibición de la actividad en sí, lo que, a su entender, requeriría aún mayor cautela y un período de transición adecuado.
Para concluir, advirtió que la pérdida de estos ingresos también puede generar desempleo, especialmente en los clubes de menor jerarquía, que dependen de estos recursos para operar. Señaló que el análisis de la medida debe sopesar tanto el endeudamiento de las familias como los impactos sociales y económicos sobre los profesionales del ecosistema del fútbol.
Botafogo y Cruzeiro alertan sobre la inseguridad jurídica
Bichara Abidão Neto y Udo Seckelmann, abogados representantes del Botafogo, señalaron los impactos financieros de la medida sobre la planificación del club, que se encuentra en proceso de recuperación judicial. Bichara destacó que las divisiones inferiores y el fútbol femenino figuran entre las primeras áreas que sufrirán por la pérdida de ingresos. Por su parte, Seckelmann cuestionó si los problemas atribuidos a las apuestas no estarían relacionados, en parte, con el mercado clandestino, y subrayó que no se han presentado ejemplos de prohibiciones integrales que hayan logrado reducir el juego problemátic, el endeudamiento y la ilegalidad.
José Francisco Manssur, abogado representante del Cruzeiro, cuestionó la urgencia y la falta de planificación de la normativa. El exasesor especial del Ministerio de Hacienda destacó que participó en la elaboración de las reglas que regularon las apuestas online en Brasil y defendió que la solución a los problemas del sector radica en la regulación y el control, no en la prohibición.
Manssur también advirtió sobre los riesgos para la competitividad de los clubes brasileños en torneos internacionales, ya que equipos de otros países podrán seguir contando con patrocinios de empresas de apuestas. Como ejemplo, mencionó un partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama disputado en el Maracaná el 20 de octubre, en el cual el club argentino exhibió la marca de un operador de este rubro.
Asimismo, el abogado apuntó a la previsión de apropiación de los montos pagados por las empresas en concepto de tasa de otorgamiento para obtener la autorización federal. Destacó que la medida permite al gobierno retener los 30 millones de reales pagados por cada empresa, sin contemplar la devolución de los recursos a pesar de extinguirse las autorizaciones antes del plazo inicial, y calificó la disposición de carácter confiscatorio.
São Paulo y Corinthians destacan la integridad y la concientización
Danielle Maiolini, abogada representante del São Paulo, centró su exposición en la seguridad jurídica y la integridad deportiva. Indicó que la reglamentación había establecido una división más clara de responsabilidades entre los clubes y los operadores para combatir el amaño de partidos. A su juicio, la prohibición no elimina la oferta ilegal y priva a los clubes de aliados clave para identificar y combatir prácticas delictivas.
La abogada solicitó preservar las estructuras de integridad creadas a partir de la Ley n.º 14.790/2023, independientemente de la resolución del STF sobre la medida, así como establecer un régimen de transición compatible con los contratos vigentes.
Por parte del Corinthians, el abogado y director jurídico Pedro Luis Soares, junto con Vinicius Manfredi de Azevedo, defendieron el potencial del fútbol como agente concientizador sobre los riesgos de las apuestas. Soares reconoció la gravedad del juego problemático, pero argumentó que los clubes pueden trabajar de manera conjunta con el Estado en la educación de los consumidores y la prevención de daños. Azevedo reforzó que la influencia del fútbol, cimentada en su vínculo con millones de brasileños, trasciende la publicidad y puede ponerse al servicio de la sociedad y de la protección familiar.
La Fenapaf aborda el impacto en el empleo y la integridad deportiva
Murillo de Aragão, abogado de la Federación Nacional de Atletas Profesionales de Fútbol (Fenapaf), llamó la atención sobre los derechos de recaudación de los deportistas consagrados en la legislación de apuestas —incluida la participación en los montos captados—, los cuales, según denunció, aún no han sido transferidos debidamente debido a trabas burocráticas.
El letrado también advirtió sobre el riesgo de desempleo que acecha a los más de 88.000 atletas profesionales en Brasil, especialmente a aquellos vinculados a clubes menores que carecen de capacidad para absorber la pérdida de ingresos comerciales.
En la misma línea, Jorge Borsato, representante de la federación, manifestó su preocupación por el avance del mercado clandestino y sus repercusiones en la seguridad de los deportistas, al señalar que la falta de control sobre los operadores ilegales incrementa la exposición de los profesionales a intentos de acercamiento y soborno.
