Esta semana, la Comisión de Hacienda y Tributación de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley n.º 2359/25, que establece la responsabilidad de las instituciones financieras en casos de negligencia, omisión o participación en operaciones relacionadas con juegos de azar y apuestas ilegales u organizaciones delictivas.
La propuesta también abarca a otras entidades supervisadas por el Banco Central y miembros del Sistema de Pagos Brasileño, que deben adoptar mecanismos eficaces para identificar, informar y mitigar los riesgos de estas actividades. El ponente, el diputado Pauderney Avelino, apoyó el dictamen favorable.
“La propuesta contribuye a fortalecer los mecanismos de prevención y control de las actividades ilícitas relacionadas con los juegos de azar y las organizaciones delictivas”, afirmó.
Según Kataguiri, la medida busca reducir las lagunas legales que podrían aprovecharse para continuar con prácticas ilegales. “Además, envía una señal firme de que el Estado está alerta y no permitirá que el sistema financiero se utilice para su propia perpetuación”, declaró el congresista.
El proyecto de ley ahora pasa a otras comisiones de la Cámara de Diputados para su revisión antes de ser enviado al Senado.
El Banco Central publica una resolución para fortalecer la prevención
Paralelamente, el Banco Central de Brasil (BACEN) publicó la Resolución del BCB n.º 501/2025, que modifica la Resolución del BCB n.º 142/2021 y establece nuevos procedimientos y controles para prevenir el fraude en el sistema financiero. Las instituciones tienen hasta el 13 de octubre de 2025 para cumplir con los requisitos.
Entre las medidas, las instituciones financieras deben rechazar transacciones cuando se sospeche fraude en cuentas corrientes, de ahorro o de pago, notificando inmediatamente al titular de la cuenta.
Para las instituciones de pago no autorizadas y aquellas conectadas a la Red del Sistema Financiero Nacional a través de Proveedores de Servicios de Tecnología de la Información (PSTI), se estableció un límite de 15.000 reales para TED y Pix.
Esta restricción podría eliminarse tras la verificación del cumplimiento de los nuevos procesos de seguridad. Temporalmente, las instituciones que demuestren controles de información podrían estar exentas del límite hasta por 90 días. La medida ya está en vigor.
Otro cambio importante es que ninguna entidad de pago podrá operar sin autorización previa del Banco Central. El plazo para solicitar autorización se adelantó de diciembre de 2029 a mayo de 2026. Las instituciones que ya operan y a las que se les deniegue la autorización deberán cesar sus operaciones en un plazo de 30 días.
La resolución también establece que solo los miembros de los segmentos S1, S2, S3 o S4, con excepción de las cooperativas, podrán actuar como administradores de Pix en nombre de entidades de pago no autorizadas. Los contratos vigentes deberán ajustarse en un plazo de 180 días.
En cuanto a las PSTI, los requisitos de acreditación se han vuelto más estrictos. La regulación exige ahora un capital mínimo de 15 millones de reales, además de nuevos criterios de gobernanza y gestión de riesgos.
El incumplimiento puede resultar en medidas cautelares o la revocación de la acreditación. Los requisitos entran en vigor de inmediato, con un plazo de hasta cuatro meses para que las empresas operativas los cumplan.
Según el Banco Central de Brasil (BACEN), el objetivo es fortalecer el sistema financiero y reducir las vulnerabilidades que explotan los estafadores, tras los recientes incidentes que involucraron a empresas fintech y entidades de pago.
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