La licitación que adjudicó la operación de máquinas tragamonedas en Mendoza a la empresa Traylon sumó un nuevo capítulo en su sinuoso desarrollo.
Luego del fallo de la Fiscalía que avaló la decisión del Instituto Provincial de Juego y Casinos (IPJyC), el empresario Alfredo Luis Vila, de Mendoza Central Entretenimientos, presentó un nuevo recurso judicial en su contra.
Según esta nueva acción del actual licenciatario de las slots del Casino de Mendoza, la empresa ganadora presentó una oferta inviable, por lo que reclaman que se revoque la adjudicación y se reinicie la licitación.
Traylon S.A. tiene prevista una inversión de 2.236.650.305 pesos argentinos, de los cuales casi 1.900 millones se destinarán únicamente a tragamonedas nuevas y el resto a obras de reacondicionamiento de la sala.
Según citó Los Andes al demandante, la propuesta involucra ciertas irregularidades, entre las que mencionó la reducción de la sala de mesas de juego, el traslado de la sala de póker (que estaba prohibido), una reducción de la superficie de bar y el acomodo de máquinas sin respetar la distancia requerida. “Hay cosas graves”, denuncian.
“800 máquinas nuevas, no sólo no entran en el salón, a 15.000 dólares por máquina, la inversión llegaría a 12 millones de dólares; en 10 años no hay forma de que lo recuperen. No van a poder cumplir”, analiza Vila en su denuncia.
“La oferta económica efectuada por Traylon S.A. es inviable desde el punto de vista económico financiero, lo cual implicará tarde o temprano un pedido por parte de Traylon S.A. de una renegociación del canon con el Instituto. Una vez más, el principal perjudicado por esto va a ser el Instituto, y el estado provincial en forma indirecta, en tanto van a estar vinculados contractualmente con quién no estará en condiciones de cumplir con el Contrato o con alguien que intencionalmente irá a pérdida a fin de afectar a las restantes licenciatarias de juego en la provincia de Mendoza”, exponen.
La Justicia ya falló en contra de la compañía perdedora en el proceso licitatorio, pero Vila adelantó que “se reserva la posibilidad de concurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” para resolver el conflicto.
