La patronal del juego privado en España, Cejuego, le ha pedido a la Generalitat de Valencia que dé lugar a la reapertura de los locales de juego, de los pocos que aún permanecen cerrados en España por las restricciones del COVID-19.
Según Cejuego, actualmente 133 empresas del sector se encuentran en peligro, por lo que alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos se podrían ver severamente afectados.
En el comunicado, cuestiona los criterios del Gobierno de Valencia, que aún no ha permitido la reapertura de los salones de juego a pesar de que el sector cuenta con “medidas adicionales de seguridad y prevención sanitarias, aplicadas desde que empezó la crisis hace un año”, como el límite del aforo, nuevos sistemas de ventilación y personal exclusivamente dedicado a garantizar que se cumpla con la distancia mínima entre personas y máquinas.
“No hay ningún dato sanitario que justifique que se restrinjan los derechos y libertades de las empresas y trabajadores de un único sector en toda la Comunitat Valenciana, obligando a bingos, casinos y salones de juego a permanecer cerrados totalmente sin ofrecer desde el Consell ninguna alternativa”, agregó.
Por otro lado, advirtió que esta situación también perjudica a las arcas de la Generalitat, ya que han dejado de ingresar alrededor de 26,3 millones de euros por impuestos del juego. Además, estima pérdidas de 129 millones de euros por los cierres.
Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, dijo: “El sector en Valencia está pasando por una situación límite, sin ingresos y con el riesgo de perder más de 7.000 puestos de trabajo. No es admisible que la Generalitat prolongue el cierre de los locales, siendo la única comunidad autónoma con estas restricciones”.
Asimismo, pidió que el Gobierno “permita la reapertura de los establecimientos del juego, deje a un lado los criterios ideológicos y piense en la multitud de trabajadores valencianos en situación de extremada vulnerabilidad, especialmente si tenemos en cuenta que una parte importante de los empleados son mujeres y personas mayores de 50 años, de difícil reubicación laboral en caso de cierres definitivos, que los habrá si la situación de cierre persiste”.
