El gobierno de Chile ha notificado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que tiene un plazo de 30 días (desde el viernes 1 de septiembre) para finalizar los acuerdos de patrocinios actualmente vigentes con operadores de apuestas deportivas, requisito que también aplica a los clubes miembros de la ANFP por separado.
Así, tras el pedido emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del país, las casas de apuestas se pronunciaron en contra de la solicitud, alegando que hay un “conflicto de interés”.
Como explicó Carlos Baeza, representante legal de los operadores Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin en Chile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, habría actuado en beneficio de la Asociación de Casinos (que está en contra de la llegada de las casas de apuestas globales al mercado chileno), ya que anteriormente era abogado de la asociación.
Según notificó La Tercera, Baeza destacó que “el político actúa con un conflicto de interés”, ya que como abogado de la Asociación de Casinos había firmado un documento que establecía “la ilegalidad del funcionamiento de las casas de apuestas online” en Chile.
En la declaración de las casas de apuestas, a través de su abogado, destacan que Cordero “trabajó hasta el 5 de enero de este año para los casinos presenciales, que han sido los grandes enemigos de las plataformas de apuestas online”, y es “quien lidera hoy la cartera ministerial que emitió el Oficio 5293, el pasado 31 de agosto de 2023”, algo que consideran “claramente ilegal e inconstitucional, persiguiendo a la industria de las plataformas online que, contradictoriamente, el Ministerio de Hacienda quiere regular”.
Además, según las casas de apuestas, el pedido de que se finalicen los acuerdos de patrocinios bajo amenaza de que la ANFP pierda su capacidad como personalidad jurídica para organizar los torneos de fútbol más relevantes del país, “adolece de errores conceptuales graves, tanto del punto de vista del derecho público como del derecho privado”.
“En materia constitucional hay conceptos totalmente centrales, los cuales están distorsionados para afirmar que existe una prohibición de los juegos de azar en la Constitución”, explicó Baeza.
Y añadió: “Sostener que el artículo 63 N°19 de la Constitución es una prohibición y no una garantía, como lo es, no solo es equivocado sino lamentable. Más aún cuando estos errores se repiten también en materia civil y en materia penal, lo que genera conclusiones incorrectas”.
Las respuestas del conflicto de patrocinios en el deporte de Chile
Mientras tanto, la ANFP también presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que entre en vigor la solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En su justificación, la ANFP explica que su vínculo con Betsson, su patrocinador del mundo de las apuestas, representa un “sustento clave en medio de la compleja situación financiera que atraviesa la entidad que rige al fútbol nacional”.
“La ANFP estima que el Ministerio de Justicia y DD.HH. carece de las atribuciones legales para dictar el Oficio Ordinario Nº593, en especial, en lo referido a contratos vigentes. Por lo tanto, impugnará ese acto administrativo a fin de que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho y asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”, argumentaron.
Y concluyeron: “La ANFP reitera que es una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho y, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a la resolución definitiva de esta controversia”.
Paralelamente, los diputados de la Bancada UDI, que conforman la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara Baja, anunciaron que llamarán a declarar por este asunto al presidente de la ANFP, Pablo Milad, y al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, quien estuvo a cargo de enviar el mensaje a la organización de fútbol chileno.
Luego de celebrar la solicitud del gobierno para dar de baja estos acuerdos, la Comisión de Deportes anunció que llamarán a ambos representantes a declarar. Como explicaron, consideran que se trata de “un paso lógico que veníamos esperando desde hace mucho tiempo”, ya que fue la misma Bancada UDI la que presentó el año pasado el proyecto de ley para prohibir este tipo de asociaciones entre el deporte y las apuestas.
