Una gran licitación valuada en 600 millones de reales para operar el sistema de loterías del estado de São Paulo se habría convertido en una prueba final de promesas vacías y denuncias laborales ante el Ministerio Público.
Entre bastidores del consorcio portugués Aposta Vencedora (CAV), lo que parece haber sido una combinación de apuestas mal calculadas puede haber contribuido a la descalificación, lo que plantea preguntas sobre frustración y posible responsabilidad legal.
Un funcionario dijo en exclusiva a SBC Notícias Brasil que sólo se enteraron de la descalificación del consorcio un día antes de su publicación en el Diario Oficial, el 8 de mayo de 2025.
Uno de los ex directores afirmó que durante meses los empleados fueron mantenidos en una oficina con contratos irregulares, directrices vagas y órdenes de “encontrar lagunas” en la legislación, mientras la empresa actuaba como si las operaciones estuvieran en marcha, sin siquiera haber pagado la tarifa de concesión.
La licitación
El Consorcio Aposta Vencedora fue declarado oficialmente descalificado del proceso de licitación tras incumplir el plazo ampliado para el pago de la subvención, con publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado el 8 de mayo del presente año.
Formado por la empresa portuguesa SAV Participações y la brasileña AX4B Sistemas de Informática, el consorcio ganó la licitación en el estado de São Paulo con una oferta de 600 millones de reales. El evento público tuvo lugar en noviembre de 2024 en la sede de B3 en São Paulo.
Entre los principales nombres de SAV Participações, con sede en Brasilia, se encuentra el socio Alexandre Manoel Angelo da Silva, exsecretario de Planificación, Energía y Lotería del Ministerio de Economía, que ocupó el cargo entre 2019 y 2020, durante la gestión del ministro Paulo Guedes, en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
Otro nombre destacado es el del portugués Fernando Eduardo Cabral Paes de Sousa Afonso, expresidente del Departamento de Juego de la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2002 a 2005, que asumió el cargo de director general y presidente de la CAV.
Tras ganar la licitación, el consorcio tenía inicialmente 60 días, prorrogables por otros 60, para efectuar el pago, lo que no se cumplió. Transcurrido este plazo, el Gobierno concedió 10 días hábiles adicionales. Aún así, el importe no fue pagado. El Estado activó entonces la garantía de propuesta —un depósito de aproximadamente 3.3 millones de reales realizado por el grupo— para cubrir los costos del proceso.
“Les dimos todos los plazos posibles, incluyendo uno adicional, que es nuestro estándar. Sin embargo, dado que no presentaron el pago, ejecutaremos la garantía y procederemos con el segundo postor”, declaró el Secretario de Alianzas de Inversión del Estado de São Paulo, Rafael Benini.
Según fuentes exclusivas de SBC Notícias Brasil, la empresa nunca tuvo realmente medios para pagar la concesión.
“Estaban jugando a Shark Tank, ya que nunca tuvieron el dinero. Presentaron la propuesta y entraron a la licitación pensando que tendrían inversionistas sin siquiera hacer un estudio de mercado”, dijo un exdirector de CAV, quien está en proceso de presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra la empresa. No sabían lo grande que era el mercado. Invirtieron dinero [en la subasta] pensando que la gente les daría dinero [para invertir]”, continuó.
Consórcio Aposta Vencedora: “Todo una fachada”
SBC Notícias Brasil pudo obtener información sobre el trabajo del Consorcio Aposta Vencedora hasta el cierre oficial el 8 de mayo, en una conversación con uno de los directores contratados después de la licitación.
En febrero de este año, Carol (nombre cambiado para mayor discreción) fue contactada por el CEO Fernando Afonso y por Alexandre Manoel. En ese momento, se informó que al director se le aseguró que el monto de la subvención se había pagado y que las operaciones comenzarían.
Según Carol, CAV había contactado con varios directores para crear una “columna vertebral” para la empresa y darle seriedad al proyecto, pero que, en realidad, era “todo una fachada”.
Los primeros indicios de incongruencia comenzaron a surgir cuando los empleados, a pesar de ya encontrarse trabajando, no recibieron un contrato de la empresa bajo el régimen CLT.
“Nos enviaron contratos absurdos para que los cuestionáramos y no los firmáramos. No podíamos conseguir un proveedor ni un presupuesto. Fue entonces cuando descubrí que aún no habían firmado con el gobierno”, declaró Carol al portal.
Y continuó: «Nos hicieron pasar todo el día leyendo las normas y el aviso. ¿Por qué? Porque no podían completar nada de lo que hacíamos, porque no iban a pagar la subvención”.
Hasta ese momento solo había sospechas y Carol empezó a cuestionar a sus superiores.
Por su parte, SBC Notícias Brasil analizó los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Carol y Fernando Afonso, en los que el director cuestionaba el avance de la subvención:
[16/04/2025, 19:47:59] Carol: Fernando, ¿la solicitud de extensión fue exitosa? Estaba preocupado
[16/04/2025, 19:50:42] Fernando Afonso: Creo que sí. Pero hablaremos mañana.
Un proveedor contactado por la empresa, que prefirió mantener el anonimato, afirmó que “todo lo que les preguntamos [a Fernando y Alexandre], respondieron con un aviso. Todas las reuniones que intenté tener con empresas y proveedores se interrumpieron”, añadió Carol.
Después del feriado del Día del Trabajador, el 1 de mayo, Fernando Afonso supuestamente nunca regresó a la empresa. Según el exdirector, quien permaneció en la oficina fue uno de los gerentes de Recursos Humanos, cuyo nombre no fue revelado, pero que supuestamente no tenía experiencia previa en el área.
En una de las últimas reuniones que tuvieron antes del desmantelamiento, el gerente de recursos humanos le habría informado a Carol que recibió instrucciones de encontrar “lagunas” en los avisos y que allí, en CAV, todo se “hacía en las sombras”.
Según se informa, Carol reprendió al empleado y afirmó que ningún contrato con el gobierno podía “hacerse en base a los vacíos legales” y que no era “legal”. Cuando los periodistas la contactaron, la empleada negó las acusaciones y dijo que no haría comentarios sobre el asunto.
La semana de la descalificación
El 5 de mayo, lunes de la semana en que se rechazó la oferta, la jornada comenzó con una de las reuniones semanales de la empresa.
“Los lunes, un consultor venía a una reunión a las 8 am y presentaba un horario. Un horario falso”, dijo Carol.
Ella buscó a Fernando para obtener información sobre su contratación y el resultado final del proceso de licitación, ya que el plazo de 10 días que el gobierno de São Paulo había dado al consorcio estaba por vencer.
En una videollamada, supuestamente dijo: “Si Dios quiere, firmaremos; si Dios no quiere, no firmaremos. Si Dios quiere, cobran; si Dios no quiere, no”.
Fue recién el 7 de mayo que los trabajadores descubrieron oficialmente que el Consorcio Aposta Vencedora no podría pagar la licitación. La información oficial, como ya se reveló, se dio a conocer al público el 8 de mayo.
“El día que salió el Diario Oficial, la chica de RRHH todavía me estaba enviando información del contrato”, confesó Carol.
Tras la descalificación, ¿qué queda?
Tras la noticia del fin de la participación del Consorcio Aposta Vencedora, los trabajadores comenzaron a cuestionarse cuándo recibirían sus salarios, ahora que la empresa ya no estaría operando.
Según conversaciones, el propio CEO pasó la responsabilidad al director de Cumplimiento y al despacho de contabilidad, dirigido por Antonio Cesar Felix de Sousa, que figura como miembro del consejo.
Sin embargo, según el director de Cumplimiento, la responsabilidad nunca fue suya. En un mensaje de texto, incluso dijo que “exige enfáticamente que los miembros paguen a la gente”. El portal también intentó comunicarse con él, pero hasta el momento de este reporte no había respondido.
A partir de ese punto de la investigación, SBC Notícias Brasil tuvo conocimiento de que, el 16 de mayo de 2025, Fernando Afonso declaró en conversación con Carol que ya estaba en camino a Portugal, con la promesa de que “todos los salarios se pagarían hoy”, lo que hasta ahora no había sucedido.
Hasta su publicación, ningún empleado o proveedor que aceptó hablar para el informe recibió su salario. No se recogió el INSS ni se activó el FGTS. El portal contactó a Fernando Afonso y Alexandre Manoel, pero no obtuvo respuesta.
Posibles implicaciones legales
La inhabilitación del Consorcio Aposta Vencedora podría tener implicaciones en el ámbito administrativo, civil y penal.
Especialistas consultados por SBC Notícias Brasil señalan que el caso puede ser analizado a la luz de la Ley Anticorrupción (nº 12.846/2013), que responsabiliza a las empresas por actos contra la administración pública, incluyendo la simulación de participación en un proceso de licitación sin intención real de cumplir el contrato. La ley prevé castigos incluso sin necesidad de probar la intención, siendo suficiente una infracción objetiva.
La simple ejecución de la garantía de propuesta en el valor de 3.3 millones de reales no elimina la posibilidad de investigación por mala fe o simulación. Si se prueba que el consorcio presentó una propuesta sólo para ganar el litigio, sin condiciones reales de pagar el contrato, significa que habría violado normas que prohíben el fraude o las prácticas desleales en los procesos de licitación.
En el ámbito penal, el caso también puede levantar sospechas. La nueva Ley de Licitaciones (nº 14.133/2021) considera delito defraudar la ejecución de los contratos administrativos, y el Código Penal tipifica como fraude (artículo 171) si hay engaño intencional para obtener ventajas ilícitas.
Además, el caso puede ser calificado como falta administrativa, es decir, conducta que viola principios como la moral, la lealtad y la buena fe en la gestión pública, previstos en la Ley nº 8.429/1992. Si hay prueba de intención, puede proceder la responsabilidad.
Dependiendo de las pruebas y circunstancias, el Ministerio Público y los órganos de control podrán actuar para exigir responsabilidades a los involucrados.
Acerca de la Lotería de São Paulo
El Consorcio SP Loterías, segundo clasificado del concurso, liderado por la multinacional italiana IGT Global Services Limited, fue llamado formalmente a asumir el contrato. IGT, que ya opera la lotería del estado de Minas Gerais, ofreció 526.5 millones de reales en el concurso.
El contrato, con vigencia por 15 años, prevé inversiones de 333 millones de reales, incluyendo la instalación de 31 unidades físicas exclusivas y más de 11 mil puntos de venta no exclusivos repartidos por todo el estado. Se autoriza también la operación virtual de servicios, con libertad para definir precios, estrategias de comercialización y modelos de lotería (deportivas, numéricas y de pronósticos instantáneos).
El gobierno estatal estima que recaudará 3.4 mil millones de reales a lo largo de los 15 años de vigencia del contrato, que deberán destinarse al sector de salud. La operación incluirá modalidades como lotería de pronósticos (incluidas las apuestas deportivas) y lotería instantánea (como los populares raspaditos), siendo el concesionario el que definirá los productos y canales de comercialización.
La segunda parte del artículo se publicará próximamente. Suscríbete al newsletter de SBC Noticias/ SBC Noticias Brasil para no perderte ninguna actualización.
