La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analiza la manipulación deportiva en Brasil recibió a integrantes del Ministerio Público de Goiás (MP-GO), que defendieron la cooperación entre organismos públicos y entidades deportivas para prevenir y combatir el amaño y fraude en las apuestas.
El cuerpo legislativo consultó al MP-GO sobre el fraude en las apuestas investigado bajo la Operación Pena Máxima, instituida por la entidad a finales de 2022. El caso involucró a un grupo acusado de ofrecer dinero a futbolistas para hacerse amonestar en distintos partidos.
Cyro Terra Peres, fiscal general del MP-GO, y el fiscal Fernando Martins Cesconetto, del Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco) del MP-GO, comparecieron ante la CPI, junto a uno de los responsables del operativo.
Peres señaló que “la capilaridad y proximidad” que tienen los Ministerios Públicos y las policías estatales con los hechos son puntos de entrada de información muy importantes y que Brasil debe tener, como en otros países, una plataforma para reprimir la manipulación de los resultados.
“Creo que si creáramos, como ya existe en otros países, una especie de plataforma nacional que permitiera detectar, reprimir y sancionar este tipo de incidentes, con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, los Ministerios Públicos, la Policía Federal, la Policía Civil Policías y entidades deportivas, esto haría que la información fluya rápidamente y llegue a autoridades con capacidad de investigar”, comentó Peres.
Aunque Brasil se está preparando para combatir el fraude en las apuestas y el amaño, todavía faltan iniciativas que garanticen la prevalencia de la integridad deportiva, como destacó Cesconetto. Además, destacó la adhesión de Brasil a la Convención Macolin, que trata de combatir la manipulación de los resultados deportivos y cuenta con la participación de 60 países.
“Es necesario que las autoridades hablen como se hace a nivel federal: la Policía Federal, Interpol, pero también otras autoridades. Entonces, una ratificación de esta convención traería instrumentos jurídicos válidos para que las autoridades brasileñas puedan actuar con la celeridad necesaria y centrándose en el espíritu de cooperación que caracteriza esta convención misma”, defendió Cesconetto.
