La causa Operación Máxima Pena, que tiene al fútbol brasileño —y regional— en vilo, ya avanza con nuevos futbolistas condenados. El último caso es el de Ygor Catatau, ex defensor del Vasco Da Gama, que fue encontrado culpable por la Comisión 5ª de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia Deportiva de haber sido “intermediario” en la “mafia de las apuestas”.
Según la denuncia presentada por el Ministerio Público del estado brasileño de Goiás, Catatau habría funcionado como intermediario ante un grupo de cinco futbolistas de Sampaio Correa, que están también denunciados en la causa, por lo que quedó prohibido de jugar en el fútbol profesional del país.
Mientras que el ex defensor del Vasco Da Gama, que actualmente está jugando en Irán, podrá apelar el fallo, por el momento no se ha determinado un cese general en el fútbol, por lo que podrá mantener su actual contrato con el Sepahan FC.
Otras 16 personas, incluidos 7 futbolistas de clubes de alto perfil como Fluminense, Santos y Cruzeiro, siguen procesadas y el Ministerio Público de Goiás sigue investigando partidos y atletas que estarían engrosando la controversial causa contra los amaños deportivos en el fútbol, relacionados con las apuestas deportivas.
Si bien el caso de Catatau representa una de las máximas condenas —tras el fallo contra Marcus Vinícius Alves, conocido como “Romário”, que quedó expulsado de por vida del deporte—, el tribunal también ha fallado contra otros jugadores.
Un caso es el del lateral Mateuzinho y el del defensor Paulo Sergio, que quedaron suspendidos por 720 días ambos, y deberán afrontar multas de 50 mil y 70 mil reales, respectivamente. Por su parte, el mediocampista André Luiz Guimaraes Siqueira Junior también deberá abonar una multa de 50 mil reales. Finalmente, dentro de los fallos figura también el argentino Kevin Lomónaco, que quedó suspendido por 380 días y deberá pagar 25 mil reales.
La causa Operación Máxima Pena se hizo pública al mismo tiempo en el que el Gobierno de Brasil terminó de elaborar la medida provisional para reglamentar la industria de las apuestas deportivas, aprobada por el Congreso en 2018, por lo que ha frenado, por el momento, el avance regulatorio.
Hasta ahora, el sector de las apuestas en Brasil —que tiene gran injerencia en el fútbol nacional, al patrocinar a 29 de los 30 clubes de la Primera Divisón— sigue funcionando sin reglamentación, mientras el gobierno continúa los debates con los legisladores y los representantes de la industria para evaluar los mejores requisitos del marco regulatorio.
Esta misma semana, la prensa brasileña dio a entender que el reglamento, que solo necesita la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no será abordado por la Casa Civil hasta que la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Cámara de Diputados no comparta los resultados finales de su análisis sobre la causa Operación Máxima Pena.
“Una propuesta de regulación de la actividad, que tiene como objetivo corregir los errores del pasado, debe considerar los resultados de la investigación parlamentaria. Además, con esto, los diputados pueden sentirse reconocidos y colaborar con la votación del asunto en el futuro”, habían explicado.
