El pasado miércoles (19 de marzo), se aprobó el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), creada específicamente para abordar las denuncias por manipulación de resultados deportivos relacionados con las apuestas.
El senador Romário, relator de la CPI, leyó el documento en sesión el mismo día y solicitó la imputación de Bruno Tolentino, tío de Lucas Paquetá, por manipulación de resultados en partidos en los que participó el centrocampista en el West Ham.
En la solicitud de acusación también fueron mencionados Thiago Chambó y William Rogatto (Rey del Descenso). Chambó también está siendo investigado en la Operación Pena Máxima, por el Ministerio Público de Goiás (MP-GO). Rogatto lleva cuatro meses en prisión en Emiratos Árabes Unidos tras una solicitud de prisión preventiva en el país y ejecutada por Interpol.
Resultados finales de la CPI sobre amaños
Tras conocerse las sugerencias y pruebas de la CPI, Romário propuso una enmienda constitucional que haría obligatoria la presencia de los citados a declarar ante las comisiones, incluso con el uso de la fuerza si fuera necesario.
“La asistencia de cualquier ciudadano o autoridad es obligatoria en las comisiones de investigación parlamentaria, incluso con posibilidad de conducta coercitiva, en vista del objetivo primordial de informar a la sociedad y de supervisar y mejorar la legislación”, señala el texto.
Después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobara el pedido de la defensa del influencer Deolane Bezerra de no comparecer ante la CPI y brindar informaciones sobre la “Operación Integración”, Romário propuso la enmienda obligatoria, afirmando que “es una interferencia indebida del Poder Judicial dispensar a las personas de comparecer ante el Parlamento para esclarecer los hechos”.
Además de la enmienda, también se propusieron tres proyectos de ley (PL), con el objetivo de evitar la manipulación de partidos en favor de las apuestas preestablecidas.
El primer proyecto penaliza a los deportistas que participen en esquemas de apuestas, previendo “la sanción de suspensión del deportista y una pena de cuatro a diez años de prisión”.
Además de los deportistas, serán castigados con la misma pena sumada a una multa, los facilitadores del fraude en las apuestas por “dar o prometer una ventaja económica o no económica con el fin de alterar o falsificar una competición deportiva o un evento asociado a ella”.
En caso de divulgación o publicidad de ganancias improbables o incompatibles con el mercado de apuestas deportivas, la pena prevista es la de prisión de uno a tres años, además de multa.
El segundo proyecto de ley pretende establecer “la publicación obligatoria de advertencias que desincentiven el juego y advertencias sobre sus efectos nocivos por parte de los agentes operadores”.
Si bien ya es obligatorio para los operadores de apuestas deportivas ofrecer un espacio de acceso a los usuarios sobre juego responsable, la CPI afirmó que la vigencia de la Ley nº 14.790/2023, o Ley de Apuestas, no sería suficiente.
“Encontramos que varios sitios web y aplicaciones de casas de apuestas autorizadas aún permitían a sus usuarios acceder a sus plataformas sin la debida notificación establecida en la normativa”, afirma el informe del CPI sobre Manipulación del Juego.
El tercer proyecto aborda una cuestión que pesa sobre el sector de las apuestas desde hace unos meses: la prohibición del mercado de las microapuestas. El caso Paquetá, que tuvo repercusión mundial, fue uno de los principales puntos de partida para que el relator Romário sugiriera la prohibición de apuestas en eventos aislados, como tarjetas amarillas y rojas, córners, etc.
Según la evaluación de la CPI, “es posible concluir que los llamados ‘eventos aislados’ todavía son entendidos por muchos deportistas como una ‘infracción menor’, algo que no compromete al equipo y puede rendir un cierto rédito económico”. La justificación del ponente es que, al prohibir las apuestas en eventos aislados, se pretende “proteger la integridad del deporte”.
Según el senador, el resultado de la CPI sobre Manipulación fue positivo: “Trabajamos con todas las agencias posibles y necesarias para llegar a donde estamos hoy. Fue un trabajo arduo, pero positivo. Logramos procesar a las personas que realmente debían ser procesadas, y esperamos que las instituciones competentes tomen las medidas necesarias”.
Los próximos pasos
Después de leer el informe, los siguientes pasos implicarán decisiones para cada nicho específico. La documentación deberá ser analizada por la Policía Federal (PF), especialmente en lo que se refiere a acusaciones y peritajes penales. Además de la PF, también tendrán acceso a los documentos el Ministerio Público Federal, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Deportes.
