La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), un organismo del Congreso brasileño creado para investigar las denuncias por amaños deportivos en el fútbol federal, sigue avanzando en su labor, y los resultados momentáneos han derivado en varias propuestas regulatorias.
Este próximo miércoles (19 de marzo), a las 14.30 horas de Brasil, se leerá y votará en sesión del Senado el informe de la CPI sobre Manipulación del Juego y Apuestas Deportivas. Cabe destacar que el relator del proyecto, el senador Romário, propuso una enmienda constitucional que haría obligatoria la presencia de los citados a declarar ante las comisiones, incluso con el uso de la fuerza si fuera necesario.
“La asistencia de cualquier ciudadano o autoridad es obligatoria en las comisiones de investigación parlamentaria, incluso con posibilidad de conducta coercitiva, en vista del objetivo primordial de informar a la sociedad y de supervisar y mejorar la legislación”, señala el texto.
Después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobara el pedido de la defensa del influencer Deolane Bezerra de no comparecer ante la CPI y brindar informaciones sobre la “Operación Integración”, Romário propuso la enmienda obligatoria, afirmando que “es una interferencia indebida del Poder Judicial dispensar a las personas de comparecer ante el Parlamento para esclarecer los hechos”.
Algunas conclusiones de la CPI
Además de la enmienda, también se propusieron tres proyectos de ley (PL), con el objetivo de evitar la manipulación deportiva a favor de las apuestas preestablecidas.
El primer proyecto penaliza a los deportistas que participen en esquemas de apuestas, previendo “la sanción de suspensión del deportista y una pena de cuatro a diez años de prisión”.
Además de los deportistas, serán castigados con la misma pena, junto con una multa, los facilitadores del fraude en las apuestas por “dar o prometer una ventaja económica o no económica con el fin de alterar o falsificar una competición deportiva o un evento asociado a ella”.
En caso de divulgación o publicidad de ganancias improbables o incompatibles con el mercado de apuestas deportivas, la pena prevista es la de prisión de uno a tres años, además de multa.
El segundo proyecto de ley pretende establecer “la publicación obligatoria de advertencias que desincentiven el juego y advertencias sobre sus efectos nocivos por parte de los agentes operadores”.
Si bien ya es obligatorio para los operadores de apuestas deportivas ofrecer un espacio de acceso a los usuarios sobre juego responsable, la CPI afirmó que la vigencia de la Ley nº 14.790/2023, o Ley de Apuestas, no sería suficiente.
“Encontramos que varios sitios web y aplicaciones de casas de apuestas autorizadas aún permitían a sus usuarios acceder a sus plataformas sin la debida notificación establecida en la normativa”, afirma el informe del IPC.
El tercer proyecto aborda una cuestión que pesa sobre el mercado de las apuestas desde hace unos meses: la prohibición del mercado de las microapuestas. El caso Paquetá, que tuvo repercusión mundial, fue uno de los principales puntos de partida para que el relator Romário sugiriera la solicitud de prohibición de apuestas en eventos aislados, como tarjetas amarillas y rojas, córners, etc.
Según la evaluación del CPI, “es posible concluir que los llamados ‘hechos aislados’ todavía son entendidos por muchos deportistas como una ‘infracción menor’, algo que no compromete al equipo y puede rendir un cierto rédito económico”.
La justificación del ponente es que, al prohibir las apuestas en eventos aislados, se pretende “proteger la integridad del deporte”.
Asimismo, el relator también solicitó la imputación de Bruno Tolentino, tío de Lucas Paquetá; Thiago Chambó Andrade y William Pereira Rogatto por arreglo de partidos.
Los próximos pasos
Después de leer el informe, los siguientes pasos implicarán decisiones para cada nicho específico. La documentación deberá ser analizada por la Policía Federal (PF), especialmente en lo que se refiere a acusaciones y peritajes penales. Además de la PF, también tendrán acceso a los documentos el Ministerio Público Federal, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Deportes.
Por otro lado, el pasado martes (11 de marzo) tuvo lugar la primera reunión del año de la CPI de Apuestas, que investiga la influencia del sector de las apuestas en el presupuesto familiar.
En esta oportunidad, Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretario especial de la Receita Federal (RFB), testificó ante la comisión sobre los informes tras los primeros meses de recaudación, ahora que el país se encuentra en un escenario regulado.
Al ser cuestionado sobre el monto “perdido” por la falta de regulación del sector, el secretario afirmó que el monto podría ser “superior a 3 mil millones”, como lo sugirió el senador Izalci Lucas (PL-DF), pero reiteró que los números sólo se detallarán después del informe final.
