El Tribunal Constitucional de España ha desestimado un recurso de casación contra el “Real Decreto de Comunicaciones” que debía analizar el Tribunal Supremo.
La apelación había sido presentada por Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital, que cuestionó si el Decreto redactado por el Ministerio de Consumo había recibido la supervisión constitucional adecuada para convertirse en una ley federal adoptada por las comunidades autónomas del país.
Redactado en 2020 por el ex Ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, el Real Decreto se convirtió en ley federal en noviembre de 2021. Al revisar las leyes de publicidad de España, el Real Decreto introdujo una prohibición total del patrocinio de apuestas en todos los deportes españoles y estableció un nuevo horario de 1 am a 5 am para difundir anuncios de juegos de azar en plataformas de medios.
Jdigital lanzó una impugnación inmediata del Decreto, citando que el Ministerio de Asuntos del Consumidor había eludido procedimientos constitucionales clave para convertir el Decreto en ley federal.
Además, el organismo que nuclea a los operadores del país cuestionó el mandato regulatorio del Ministerio de Consumo para cambiar las leyes relacionadas con las normas de publicidad. En 2020, el gobierno de coalición de España había concedido al Ministerio la supervisión de los juegos de azar españoles, pero ninguna agenda relacionada con la publicidad y las comunicaciones.
En julio de 2020, Jdigital reveló que su recurso contra el Real Decreto había recibido “respuesta positiva” mediante una revisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Sin embargo, ahora revisado por el Tribunal Constitucional, el recurso fue rechazado por unanimidad, al considerarse que el Ministerio había realizado las modificaciones necesarias en la Ley del Juego de España, antes de aprobar cambios federales en materia de publicidad del juego.
El Ministerio había revisado el artículo 7 de la Ley del Juego, que los tribunales españoles reconocen como una ley federal que deben respetar las comunidades autónomas.
Según lo citado en la sentencia, “el Tribunal Constitucional consideró que la demanda, tal como fue planteada en su momento por el Tribunal Supremo, ha quedado extinguida porque el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Regulación del Juego sí establece pautas o criterios que la normativa debe tener en cuenta a la hora de regular la materia. Ello es independiente de si lo prescrito en la nueva disposición legal da suficiente cobertura jurídica al Real Decreto 958/2020 impugnado, cuestión en la que, al tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, el Tribunal Constitucional no puede entrar a dilucidar en este proceso”.
Lo que sigue para el juego en España
La evolución del mercado se vio unos días atrás luego de que España diera la bienvenida a un nuevo Ministerio de Consumo, Pablo Bustinduy, que reemplazará a Alberto Garzón, tras su retiro del gobierno de coalición.
El Ministerio avanza en la implantación del “Real Decreto sobre Entornos de Juego Responsable”, redactado por Garzón como siguiente fase de la reforma regulatoria del juego español.
Durante el mandato nuevo, el gobierno pretende conseguir que en 2024 el juego español tenga una vigilancia más estricta hacia los operadores y las actividades del mercado de Europa. Las medidas incluirán un nuevo registro centralizado de jugadores, límites de depósito entre operadores y el mantenimiento de registros obligatorios de perfiles de riesgo para clientes menores de 25 años.
Sin embargo, bajo consulta de la Dirección General del Juego Español (DGOJ), han surgido dudas sobre si las autoridades españolas, encargadas de la estricta supervisión de las actividades de juego y del consumo, pueden cumplir los requisitos técnicos del Decreto.
