La licitación de cuatro casinos municipales en Chile terminó dejando fuera a las plazas de Viña del Mar e Iquique, que quedaron desiertas.
Tras conocerse los resultados del proceso de licitación, donde sí se presentaron ofertas para Coquimbo y Pucón, los principales operadores del mercado cuestionaron las condiciones fijadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), apuntando a las “exigencias económicas, técnicas y de inversión” como uno de los factores que habrían desincentivado la participación.
Así, Dreams, Marina del Sol y Corporación Meier manifestaron reparos al diseño del proceso iniciado el martes pasado. En conjunto, las compañías sostuvieron que las condiciones establecidas para los cuatro recintos podían dificultar la entrada de nuevos competidores y afectar la viabilidad económica de los proyectos.
El mercado de casinos se encuentra actualmente concentrado en esos tres operadores, junto con Casinos de Chile, sociedad creada tras la reorganización judicial de Enjoy para administrar sus establecimientos mientras estos son traspasados a un nuevo operador.
De los cuatro casinos incluidos en la licitación, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón son gestionados actualmente por Casinos de Chile, mientras que el casino de Iquique está en manos de Dreams.
Tanto Enjoy como Dreams habían devuelto durante el año pasado las concesiones correspondientes a Viña del Mar e Iquique, respectivamente.
Por su parte, Dreams optó por no participar del proceso y calificó su eventual participación como “inviable”. La compañía cuestionó particularmente las bases técnicas, al considerar que establecían condiciones excesivamente gravosas y sin una justificación que contribuyera a fomentar la competencia.
Uno de los ejemplos planteados por la empresa corresponde a Iquique. Allí, determinadas obras contempladas dentro del proyecto debían quedar posteriormente en manos del municipio sin que existiera una compensación para el operador.
Dreams calculó en 55 millones de dólares la inversión necesaria para cumplir con esas condiciones y sostuvo que ese desembolso se convertiría en un “costo hundido no recuperable”.
Asimismo, Marina del Sol también se refirió al proceso y señaló que contaba con “interés y capacidad para competir”, pero que las condiciones establecidas terminaron impidiendo su participación. La compañía planteó que el resultado evidencia “fallas estructurales de diseño” en el modelo de licitación utilizado desde 2015.
En el caso de Viña del Mar, la empresa puso el foco en algunas de las condiciones exigidas para el recinto, entre ellas el plazo de tres meses establecido para ponerlo nuevamente en funcionamiento. A esto se sumaba un pago mínimo anual de 394 mil UF al municipio y la obligación de ejecutar obras de mejoramiento en Avenida Perú por un monto de hasta 120 mil UF.
Corporación Meier, por su parte, sostuvo que las condiciones económicas, técnicas y de inversión podían ser “desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado”. De acuerdo con la compañía, los mínimos establecidos para las ofertas económicas, sumados a las obligaciones tributarias, regulatorias y de inversión, podían afectar la viabilidad financiera de los proyectos y disminuir los incentivos para que nuevos operadores ingresaran al proceso.
La empresa además presentó un recurso de reposición ante la SCJ y solicitó dejar sin efecto la licitación, suspender la recepción de ofertas y enviar los antecedentes a la Contraloría, con el objetivo de que el organismo revise la legalidad del procedimiento.
La controversia previa sobre la licitación de los casinos de la SCJ
El proceso de licitación se desarrolló mientras el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) analiza una consulta relacionada con las bases técnicas de la SCJ para los casinos de Iquique, Coquimbo, Pucón y Viña del Mar.
La presentación fue realizada por Inversiones Marina del Sol y, en ese contexto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) señaló que “no observa restricciones” en el procedimiento. El análisis de la FNE consideró, entre otros elementos, la oferta económica mínima, el uso de inmuebles municipales, las obligaciones de infraestructura, los plazos para comenzar las operaciones, el traspaso de activos al municipio y la continuidad laboral del 100 por ciento del personal del operador saliente.
El organismo concluyó que se trata de exigencias previstas por la Ley de Casinos, aplicables a todos los potenciales oferentes y conocidas antes de la presentación de las ofertas.
