La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica presentó este lunes, junto a un grupo de diputados y diputadas de distintas fracciones legislativas, un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de reforzar su institucionalidad y combatir el avance del crimen organizado en el sector del juego.
La iniciativa busca dotar al organismo de nuevas herramientas legales y administrativas para enfrentar de forma más eficaz la venta y operación ilegal de productos de azar, una actividad que impacta directamente en los fondos destinados a programas sociales y al apoyo de poblaciones vulnerables.
¿De qué se trata la propuesta de la JPS?
Bajo el nombre “Ley para el fortalecimiento de las competencias de la Junta de Protección Social y la regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y el combate del crimen organizado”, el proyecto responde a la preocupación creciente de la expansión sostenida de loterías ilegales y otras formas de juego fuera del control estatal.
Estas prácticas, además de afectar la recaudación de la JPS, representan un riesgo para la transparencia, la seguridad pública y la equidad en el uso de los recursos. Según explicó la presidenta de la institución, Esmeralda Britton González, “defender la legalidad en los juegos de azar es defender la solidaridad, la equidad y el impacto social que la JPS ha sostenido a lo largo de 180 años de historia”.
La propuesta contempla un fortalecimiento integral de las competencias de la junta, mejorando su capacidad de administración, fiscalización, concesión y comercialización de productos como loterías, apuestas deportivas y videoloterías, en un contexto cada vez más dinámico y tecnológico.
A su vez, se busca establecer un marco normativo más claro y riguroso para combatir el lavado de dinero, la corrupción y las redes ilícitas que se aprovechan de la falta de regulación. En palabras de la propia institución, este cambio permitirá ampliar la cobertura a más organizaciones de bien social y beneficiar a un mayor número de personas.
