Finalmente, la nueva Ley del Juego de Castilla y León fue aprobada esta semana por el Pleno de las Cortes de la comunidad autónoma. Pese a la oposición del PSOE y Unidas Podemos, el proyecto contó con suficiente apoyo, del PP y Vox, para convertirse en ley.
“El texto de la modificación parte de dos principios generales: por un lado, consagrar la mayor y mejor protección de las personas vulnerables que puedan verse afectadas por esta actividad, y, por otro, ofrecer seguridad jurídica a este sector empresarial, que ampara unos 2.000 puestos de trabajo en Castilla y León, y que produce importantes ingresos tributarios que revierten en la prestación de los servicios públicos esenciales”, aseguró el gobierno en un comunicado.
La nueva normativa aumenta la distancia mínima entre centros educativos y salas de juego de 100 metros a 150. Además, deben estar separados por un mínimo de 300 metros entre sí, para evitar la saturación.
Por otro lado, se creó una Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, que estará a cargo de elaborar y ejecutar la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico. La iniciativa busca que los distintos estamentos estatales trabajen en forma coordinada para evitar consumos problemáticos en el sector.
Durante el debate, se había propuesto la creación de fondos que financiarán programas de prevención de patologías. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, aunque sí se financiarán programas de prevención y rehabilitación, además de campañas de difusión, utilizando la recaudación obtenida por las sanciones impuestas.
El proyecto recibió 43 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, lo que fue suficiente para su aprobación.
Según el Consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “era ineludible incluir nuevas medidas normativas adecuadas a la realidad de hoy en día en esta materia”.
“Se ha otorgado una importancia central al diálogo colaborativo entre el Gobierno autonómico y todos los actores clave del ámbito del juego y las apuestas”, agregó.
Ricardo Gavilanes, diputado del PP, aseguró que la normativa habilita un control “más exhaustivo” de la industria. “No se pretende prohibir ni promover (el juego), sino regularlo, para que exista un mayor control”, dijo.
