Luego de resaltar la preocupación por la imagen de la industria y la conexión con el lavado de dinero, la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) y la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) se comprometieron a seguir profundizando en la temática.
De todas formas, destacaron la falta de ayuda por parte de las autoridades, ya que consideran que el mismo sistema les pone trabas para un crecimiento transparente, al enfrentar inconvenientes hasta para abrir cuentas bancarias.
Según explicaron, el tema ya fue presentado ante el Congreso Nacional durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), donde se sugirió la posibilidad de que las empresas del juego puedan enviar los pagos a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), lo cual no fue abordado.
Durante el 5° Conservatorio de Juegos de Azar, organizado por las tres entidades en la jornada de ayer (martes 22) en el Hotel Guaraní, el debate fue compartido junto con las autoridades de Tributación, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), entre otros invitados municipales e internacionales.
“El objetivo es la capacitación. Es un congreso internacional que contará con la participación de especialistas de Colombia, Chile, Uruguay, Perú y Bolivia, para el intercambio de experiencias que existen en la región”, había dicho el expresidente de la Conajzar, Javier Balbuena, sobre el encuentro surgido bajo su presidencia en la Comisión, en 2014.
Sin embargo, la ausencia de la Conajzar se hizo notar, que justificó su respuesta negativa a la invitación al asegurar que “están sobrecargados de trabajo”.
Allí mismo, el consultor Luis Mario Rojas dijo que la misma Conajzar les informó que “no es necesario que las empresas rindan cuentas ante dicha Comisión en lo relativo a la prevención de lavado de dinero”, según compartió ABC.
Por otro lado, también se abordó el Acceso a la Información Pública, que es un reclamo que mantiene la industria contra Conajzar, luego de la controversia por el monitoreo de las tragamonedas en el país, algo todavía pendiente en la Justicia de Paraguay.
Aquí también surgió el pedido del diputado José Rodríguez, que solicitó a Conajzar que avance con la reglamentación de la ley de tragamonedas en Paraguay y cuestionó al regulador por la falta de respuesta ante su propia solicitud de información sobre el estado de la reglamentación.
La controversia por las tragamonedas en Paraguay
En julio, el diputadoRodríguez exigió, durante una sesión ordinaria, que Conajzar presente un informe sobre el estado actual de la Ley N° 6.903/22, promulgada en abril.
La normativa regula el mercado de las máquinas tragamonedas en Paraguay, con especial énfasis en el juego problemático y el resguardo de menores de edad contra la exposición al juego. Además, la ley generó controversia ya que fue contra el contrato que tenía el regulador con la empresa iCrop y le da a los municipios la facultad de autorizar y controlar las slots fuera de los casinos.
Sin embargo, no ha habido mayor información sobre el estado actual de la aplicación de la ley, por lo que Rodríguez solicitó al pleno que obligue a Conajzar a reportar sobre las medidas llevadas a cabo.
“De lo contrario, será letra muerta”, argumentó.
Tras pedidos de la Justicia de Paraguay, Conajzar rescindió el contrato de iCrop SA para controlar las máquinas tragamonedas en Paraguay fuera de los casinos. Como respuesta, la compañía presentó una demanda contra el regulador ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno.
A través de sus representantes legales, iCrop solicitó una medida cautelar de “prohibición de innovar” con relación a la Resolución 34, aunque fue rechazada por “improcedente”, por la jueza Lizza Natalia Reyes, que lleva la mencionada demanda.
