Días atrás, el Congreso de Perú aprobó por amplia mayoría la regulación del juego y las apuestas, presentada a comienzos de año por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Mientras el país avanza para implementar la nueva ley, que ya ha recibido críticas por parte de los operadores ya establecidos allí, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) recordó que su estudio de 2020 apunta contra el sector por representar un riesgo “entre medio y muy alto de lavado de activos”.
Según RPP, el 35 por ciento de los 17 casinos y 713 salas de Tragamonedas en el país representan un “riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos”. “Un 27 por ciento, casi tres de cada 10 casinos, están en un riesgo medio de lavado de dinero, mientras que un 8 por ciento está en riesgo alto y muy alto”, detalla el informe de UIF de 2020.
Así, también apunta contra el juego online y las apuestas deportivas, calificando el riesgo alto en un 33 por ciento. De todas formas, el reporte advierte: “El nivel de participación de operadores de juegos en línea, ha devenido en que la información captada para el estudio resulta insuficiente para obtener unos resultados realistas sobre el nivel de riesgo de la industria”.
Se espera una mejora a partir de la entrada en vigor de la regulación, que establece que los operadores deberán estar inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), contar con representante legal en el país y tener el dominio web “.pe” en su plataforma. En caso de no cumplir con estos requisitos, las empresas no podrán firmar acuerdos de patrocinio ni publicitarios. Además, se incluirá un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que añadiría un gravamen del 1 por ciento para los jugadores.
