La Ley N° 9.603 fue aprobada por el Congreso de Paraguay para establecer normas claras sobre las máquinas tragamonedas en el país. En abril, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero nunca la reglamentó y el plazo establecido para hacerlo ya se cumplió.
Dentro del texto de la legislación se fijó un plazo de 90 días para que se complete el proceso legislativo. Por eso, tras ser promulgada el 20 de abril, comenzó a correr el tiempo establecido, que finalizó el pasado 19 de julio.
Javier Balbuena, ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), denunció que la falta de acción al respecto “evidencia el desinterés del Presidente, Mario Abdo Benítez, por actuar sobre la materia.
“El Ejecutivo hace un desaire a la mayoría parlamentaria que sancionó la ley de tragamonedas”, lo citó el medio abc.
Recientemente, la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) cuestionó a Conajzar por la Resolución N° 34/2020, que le dio a iCrop S.A. el poder sobre las tragamonedas fuera de los casinos.
Según Lorena Rojas, presidenta de Apoja, “se quebrantó la Constitución Nacional al sacarle la autonomía a los municipios y resoluciones anteriores de la comisión”.
Por otro lado, dijo que “se utilizó un artilugio de modalidad nueva para darle fondo a este contrato (…) y ya está contemplado (por la regulación de las slots fuera de salas de juego) en la Ley N° 1.016 de 1997”.
La nueva Ley apuntaba a clarificar que la autoridad competente para ello era cada municipio, pero sin la debida reglamentación, todavía queda pendiente su aplicación.