El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú emitió una resolución mediante la cual certifica la validez de las 5.000 firmas necesarias para que los operadores de juegos y apuestas online puedan presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), establecido mediante el Decreto Legislativo N.° 1644 y aprobado durante el gobierno de Dina Boluarte.
Esta decisión se da en un contexto en que diversos informes elaborados por constitucionalistas y tributaristas han cuestionado aspectos jurídicos de esta norma, señalando que el tributo carece de elementos esenciales que lo convertirían en ilegal e inconstitucional.
Actualmente, el juego online y las apuestas deportivas tributan un 12 por ciento por concepto de Impuesto al Juego, a lo que se suma un ISC del 1 por ciento aplicado sobre el monto apostado. Diversos análisis especializados han señalado que, debido a la naturaleza de la actividad, la carga tributaria efectiva puede alcanzar niveles cercanos al 50 por ciento de los ingresos brutos del juego en determinados escenarios.
Esta situación ha tenido un impacto relevante sobre la industria formal, ya que entre 2025 y 2026 han salido del mercado peruano 40 operadores de apuestas y se han cerrado 1.500 puntos de venta, según información oficial del sector. Además, los patrocinios deportivos provenientes de empresas de apuestas han disminuido significativamente, al pasar de estar presentes en 18 clubes de fútbol profesional en 2024 a solo cinco durante 2026.
El debate en el Congreso define el futuro de las apuestas
Representantes de la industria han advertido que una mayor carga tributaria incentiva la migración de jugadores hacia plataformas ilegales que operan fuera del alcance de la regulación peruana y que suelen ofrecer mejores cuotas, promociones y premios al no estar sujetas a las mismas obligaciones.
Ahora, se busca corregir las observaciones formuladas respecto del Decreto Legislativo N.° 1644 y otorgar mayor seguridad jurídica al marco regulatorio aplicable a la actividad. La decisión será debatida en el Pleno del Congreso, instancia que tiene la oportunidad de definir el futuro del esquema tributario del sector, preservar la seguridad jurídica, proteger la recaudación fiscal y fortalecer la lucha contra la informalidad y las plataformas ilegales que operan al margen de la regulación peruana.
Sin embargo, los expertos señalaron que existe un antecedente relevante en la industria del juego, ya que mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 009-2001-AI/TC se declararon inconstitucionales determinadas disposiciones tributarias aplicables a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, lo que posteriormente dio lugar a procesos de reliquidación, compensación y devolución de los montos cobrados bajo dicho régimen.
