De acuerdo a información emitida por BNL Data, el proceso de licitación de la Lotería Social del Estado de São Paulo, que estaba fijado para hoy (martes 29), fue suspendido por la consejera del Tribunal de Cuentas de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes.
La cancelación del Concurso Internacional Nº 01/2022 surge de la solicitud de las empresas participantes Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos, Madrona Sociedade de Advogados y IGT Global Services Ltda e Scientific Games.
“En aras de la equidad del evento y considerando que este Tribunal puede decidir modificar el acto de convocatoria, determino la suspensión del procedimiento de licitación impugnado hasta la consideración final del asunto”, resolvió Castro Moraes.
La licitación apuntaba a otorgar permisos para las modalidades de apuestas de cuota fija (apuestas deportivas), pronóstico específico, lotería deportiva, lotería instantánea, lotería pasiva, y otras modalidades eventualmente autorizadas por la ley federal.
Según el fallo del Tribunal, los proyectos presentados para el proceso licitatorio tienen “al menos en teoría, notas que indican posibles riesgos para la competencia del evento, contrarios a las normas que rigen la materia, por lo que da lugar a la intervención previa de este Tribunal”.
Los argumentos de la consejera apuntan a las numerosas quejas sobre las “particularidades” a la hora de medir la experiencia de los interesados. Según denunciaron los operadores que compiten, las reglas generan “la posibilidad de riesgo de contratar una empresa sin experiencia para realizar un producto innovador”.
También destacaron que “llama la atención la falta de divulgación internacional del evento, con la transcripción de los documentos de licitación en un idioma extranjero”. Además de las numerosas críticas vertidas en torno al modelo y diseño de la concesión, “el panorama exige un mejor análisis del asunto, teniendo en cuenta la existencia de cuestiones sensibles que eventualmente pueden comprometer un sano procedimiento”.
Tras el fallo, el Tribunal dio un plazo de 48 horas para que la Secretaría de Presupuesto y Gestión remitiera copia íntegra del aviso de convocatoria impugnado, así como para justificar todas las irregularidades planteadas por las empresas competidoras.
