El Senado de la República de México aprobó la semana pasada en lo general y en lo particular la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que aumenta el gravamen para el juego online del 30 a 50 por ciento.
“Aunque imaginábamos, desde el anuncio de estas modificaciones, que poco podríamos hacer para que nuestros legisladores fueran a oír nuestra voz, lamentamos profundamente esta decisión”, expresó Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA).
La organización contó que, desde hace más de una década, solicitaron como industria del entretenimiento y el juego la actualización de la ley que rige el sector desde 1947, acompañada de una adecuada reforma fiscal. Así, no sólo podría enmarcar apropiadamente una actividad regulada por la Secretaría de Gobernación y que ofrece empleos dignos para más de 200 mil familias mexicanas en 30 de los 32 Estados del país, sino también generar más impuestos.
“Sin embargo, nuestras autoridades no entienden que, a mayor carga impositiva, menor recaudación”, precisó Ochoa.
AIEJA expresa su preocupación por el crecimiento del juego online
Este aumento del IEPS contemplado en el Paquete Económico 2026, ha sido legitimado bajo el argumento de ser “un impuesto saludable”. No obstante, subrayó el presidente de AIEJA, en lo que atañe a la industria pareciera ser, por el contrario, un incentivo para que los apostadores y jugadores que hoy hacen uso de plataformas autorizadas y supervisadas por la Secretaría de Gobernación, huyan hacia el mercado de juego ilegal, escapando por completo a la vigilancia de las autoridades políticas y fiscales de nuestro país.
“Para la industria del juego con apuesta, la medida representa un encarecimiento significativo de sus operaciones en el país, poniendo en peligro las empresas más pequeñas, además de ahuyentar, una vez más, a las que justamente parecían estar interesadas en invertir en México, en este momento en que se habla de una modernización del marco jurídico que rige el juego”, añadió Ochoa.
Desde la organización reiteraron su profunda decepción por esta decisión e invitaron a las autoridades y legisladores a que se acerquen a la industria para intentar entender su funcionamiento y enriquecer su análisis, antes de tomar decisiones que podrían resultar contra productivas y lesivas para el país. “Como es el caso en esta ocasión”, concluyó Ochoa.
