El Consello da Xunta de Galicia aprobó la creación del Observatorio Gallego del Juego, que permitirá estudiar y evaluar las políticas públicas en esta materia para adaptarlas a lo que la sociedad demanda y necesita. Así lo anunció el consejero de Hacienda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante su intervención en el 25º Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).
Corgos avanzó que, además de realizar propuestas y recomendaciones acerca de las normas sobre el juego, este órgano promoverá campañas de sensibilización y prevención por un juego responsable y seguro, realizará investigaciones y estudios y difundirá información sobre la situación general del sector en la Comunidad Autónoma.
El funcionario incidió en el compromiso del gobierno de sumar esfuerzos para, entre todos, contribuir a que el juego sea una actividad responsable y segura. Un compromiso, subrayó, que se refleja en la entrada en vigor, hace dos años, de una nueva normativa autonómica que busca garantizar un marco legal con una serie de medidas y actuaciones específicas para fomentar un juego responsable y seguro, priorizando la prevención y la protección de los usuarios, con especial atención a los menores y a los colectivos más vulnerables.
La actual Ley de Juego de Galicia
“En Galicia tenemos una norma exigente, a la vanguardia de las normativas reguladoras del sector en España, que está siendo tomada como modelo por otras comunidades a la hora de actualizar sus legislaciones”, expresó, recordando que esta ley prohíbe, entre otras cosas, la concesión de préstamos, o cualquier otra modalidad de crédito, a las personas usuarias de los juegos; la concesión de bonificaciones y partidas gratuitas; la publicidad de los juegos de competencia autonómica en la radio y en la televisión de Galicia, con un régimen muy estricto en relación a promoción, propaganda, patrocinio y publicidad de estas actividades, así como la publicidad en la vía pública y medios de transporte.
La normativa recoge también el deber de que todos los establecimientos como casinos, bingos, tiendas de apuestas y salones de juego tengan control de acceso que prohíba la entrada de menores y personas inscritas en el Registro de Prohibidos. Y duplica la distancia, pasando de 150 a 300 metros, a la que tendrán que situarse los establecimientos de juego en relación a los centros oficiales de enseñanza reglada a menores de edad, y centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas.
Asimismo, la ley fija un límite máximo de establecimientos y establece un concurso público para poder acceder a las nuevas autorizaciones de instalaciones. Y, en relación a las máquinas de juego, recoge también medias de prevención dirigidas a planificar y limitar el juego en tragaperras y apuestas, limitando a dos el número de máquinas que pueden instalarse en los locales de restauración y ocio.
