La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) recibe hoy las ofertas de las empresas interesadas en operar el negocio de las apuestas deportivas en Paraguay.
El organismo rector del juego espera los sobres con las propuestas en su sede de Asunción y los abrirá hoy mismo. Según adelantó la entidad, se trata de seis compañías que intentan adjudicarse la concesión exclusiva del negocio en el país.
La compañía que se quede con el permiso para explotar las apuestas deportivas en Paraguay lo hará por cinco años y controlará un mercado estimado en 500 millones de dólares anuales.
Las empresas pujantes, según el ente regulador, son Jockey Club del Paraguay, 7 Saltos SA, Consorcio B Gaming SA, Consorcio Empresa Afun y Hy Hao Yun SA y el empresario Luis Carlos Alder Benítez. La sexta es Daruma Sam SA, la actual concesionaria de las apuestas deportivas en Paraguay bajo la marca Apostala.
Polémica por las apuestas deportivas en Paraguay
Semanas atrás la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar y la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) acusaron a la Conajzar de buscar favorecer a Daruma Sam a través del pliego de Bases y Condiciones, y exigieron que se revise la actual ley para terminar con el monopolio del sector y abrir el mercado.
Ante esto, la compañía Daruma Sam ha salido a defenderse a través de su representante legal, Carlos Sacco, quien negó que el llamado esté diseñado para favorecerlos y resaltó que “existen empresas que cumplen con este requisito en el mercado local”, refiriéndose a la condición establecida por la Conajzar de que los operadores interesados en la licencia puedan demostrar experiencia previa.
En este marco, ahora “empresas dedicadas a las apuestas deportivas bajo la legalidad” emitieron, a través del mencionado diario, un comunicado en el que aseguran que “el actual Gobierno y la Conajzar deben tener la suficiente firmeza para hacer respetar la exclusividad en la nueva licitación de apuestas deportivas”.
Según explicaron, varios operadores actualmente están en funcionamiento bajo medidas cautelares emanadas por la Justicia a la vez que afirman que “dicha situación es totalmente ilegal”. “La Conajzar debe priorizar y hacer cumplir las normas, apoyando a la empresa que sea adjudicada y erradicar la ilegalidad”, exigieron.
Además, apuntaron contra “firmas nacionales y extranjeras que operan en el país sin abonar ningún tipo de impuesto, ocasionando un terrible perjuicio a las recaudaciones del Estado paraguayo, resultando una competencia desleal e ilegal con la empresa adjudicada”.
