Días después de que el Parlamento de Islas Baleares aprobara la nueva regulación del juego, el pleno de las Cortes de la comunidad autónoma de Aragón ha comunicado también la entrada en vigor de la modificación de la Ley del Juego, para actualizar el funcionamiento de la industria.
Desde hoy (jueves 23), quedó aprobado el dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, que le da a Aragón la competencia exclusiva para regular la industria, en los casos en los que las empresas presenciales y online de juegos y apuestas ofrezcan sus servicios únicamente en la comunidad.
Igual que sucede en el resto de España, la justificación para la nueva medida se basa en la “protección a los colectivos más vulnerables”, identificando en este grupo a los jóvenes, menores de edad y personas que padecen juego problemático.
Tras la aprobación, el diputado Jesús Guerrero comentó a El Periódico de Aragón que han aprobado “la mejor ley posible en defensa de quienes sufren el trastorno del juego y las obligaciones y derechos de las empresas que se dedican al sector, y que pretende sensibilizar, concienciar y garantizar un juego responsable”.
Por su parte, el representante de Vox, uno de los grupos de los que no se esperaba apoyo en esta regulación, Santiago Arranz, agregó que “sin coincidir con la totalidad de todo lo aprobado”, celebran la aprobación “como ejercicio de responsabilidad, velar por el bienestar común y proteger a menores, jóvenes y familias”.
En este sentido, insistió en rechazar “la postura quienes criminalizan a todo el sector, ya que muchas empresas y familias precisan de la actividad para salir adelante”. Y apuntó: “Criminalizar a la industria tampoco soluciona la adicción al juego”.
Entre las disposiciones de la ley actualizada, se establece una distancia mínima de 500 metros para abrir o ampliar casinos y salones de apuestas de los centros educativos. A su vez, el Ejecutivo tendrá la responsabilidad de abordar la prevención del juego problemático. Para esto, se creará una comisión técnica de coordinación interdepartamental, con el fin de coordinar la política del Gobierno en materia de juego.
Además, la nueva regulación prohibe sacar dinero en efectivo desde las máquinas TPV (Terminal en Punto de Venta) con tarjeta de crédito. “Conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito, incluido el uso de tarjeta de crédito para intercambiar por efectivo con el que jugar, así como conceder asistencia financiera a particulares y a las personas que acceden a los establecimientos y locales en que tenga lugar la actividad de juego, mediante la entrega de dinero a crédito para el jugador, por parte de las personas titulares u organizadoras de las actividades de juego o por parte de las personas al servicio de estas, empleadas o empleados o directivos de los locales” queda prohibido en su totalidad bajo “sanción muy grave”.
De todas formas, algunos legisladores consideran que la ley podría restringir demasiado la industria sin brindar los aportes sociales que se buscan. Es el caso de la diputada Beatriz García, queha compartido que se siente “satisfecha por el trabajo, pero no tanto por el resultado. Veremos si satisface, cumple los objetivos, previene, protege al vulnerable y facilita la actividad económica de las casas de juego, ya que la ley se sigue quedando corta en la prevención y se siguen poniendo trabas a la actividad”.
Por el contrario, el diputado Darío Villagrasa ha agradecido “la participación y aportaciones desde los grupos parlamentarios para sacar adelante una ley que busca compaginar actividad empresarial con la correcta seguridad jurídica y su adecuación a los actuales cánones normativos junto a la protección de los colectivos más vulnerables y salud pública”.
En los últimos tres años, la actualización a la Ley del Juego viene siendo discutida, después de su aprobación en el 2000. La medida ya había sido aprobada por el Consejo de Gobierno, y ahora quedó lista para entrar en vigor.
