El mercado de apuestas ilegales representa una pérdida anual estimada de hasta 10.800 reales millones para las arcas públicas, según el estudio “Fuera del radar: Dimensionamiento e impactos socioeconómicos del mercado de apuestas ilegales en Brasil”, realizado por LCA Consultores con el apoyo del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), basado en datos recopilados por el Instituto Locomotiva.
Según el estudio, entre el 41 y el 51 por ciento del mercado brasileño de apuestas aún opera al margen de las nuevas regulaciones vigentes desde enero de este año. Solo en el primer trimestre, se estima que el país dejó de recaudar entre 1.800 millones y 2.700 millones de reales debido a la operación de plataformas sin licencia.
“Estas cifras son impresionantes. Hablamos de un impacto equivalente al pago de los salarios de hasta 184.000 docentes de educación básica o a la construcción de 41.000 viviendas asequibles al año”, afirmó Fernando Vieira, presidente ejecutivo de IBJR.
“Es una contradicción: tras estructurar un entorno regulado, el gobierno aumenta la carga fiscal para quienes operan legalmente, favoreciendo así el mercado ilegal”, continuó.
En una conversación con SBC Noticias Brasil, Vieira también destacó la urgencia de coordinar acciones para proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad de la recaudación fiscal: “Si Brasil quiere un sector regulado que genere empleos e ingresos, necesita crear las condiciones para ello. Hoy, estamos penalizando a los operadores legales y permitiendo que los ilegales operen libremente con promesas engañosas de ganancias fáciles”.
La encuesta, realizada a dos mil apostadores, también reveló otro punto: la dificultad de los consumidores para distinguir las plataformas legales de las ilegales. Según datos del Instituto Locomotiva, al 78 por ciento de los entrevistados les resulta difícil identificar los sitios autorizados. Además, el 72 por ciento admite no verificar la legalidad de las plataformas antes de apostar, y el 46 por ciento ya ha depositado dinero en sitios que posteriormente fueron identificados como fraudulentos.
Aún más alarmante es el hecho de que el 73 por ciento de los jugadores afirmaron haber usado plataformas ilegales al menos una vez en 2025, un porcentaje aún mayor entre las personas de bajos ingresos y con menor nivel educativo. El estudio también señala el uso de nombres similares a sitios web legales, dominios alternativos y publicidad con influencers como estrategias comunes de las casas de apuestas no reguladas.
“Los operadores ilegales explotan deliberadamente la confusión del consumidor. Necesitamos campañas educativas y medidas estrictas por parte de los organismos reguladores”, argumentó Renato Meirelles, presidente del Instituto Locomotiva.
Eric Brasil, director de LCA Consultoria, explicó que el enfoque debe centrarse en combatir el mercado ilegal, dado que se estima que una reducción de 5 puntos porcentuales aumentaría 870 millones y 1.100 millones de reales en ingresos fiscales.
IBJR: cómo identificar un sitio de apuestas legal en Brasil
Desde la regulación, solo los sitios con licencia de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) pueden operar legalmente en el país. Entre las principales señales de confiabilidad se encuentran el uso del dominio “.bet.br” y el sistema de registro con reconocimiento facial y verificación de documentos.
Estas plataformas también permiten a los apostadores establecer límites de tiempo y pérdidas financieras, además de ofrecer mecanismos de autoexclusión. Para reforzar la seguridad, solo se aceptan transacciones mediante PIX y débito de la cuenta del titular, y no se permite el uso de tarjetas de crédito ni criptomonedas.
Todos los sitios autorizados figuran en el portal oficial del Ministerio de Hacienda. La encuesta también reveló que el 87 por ciento de los apostadores aboga por una acción más contundente del gobierno contra las plataformas irregulares.
“El momento actual requiere coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y los operadores con licencia. Si queremos proteger a los ciudadanos, debemos garantizar que el mercado legal sea competitivo y seguro”, concluyó Fernando Vieira.
